La pita se rompió por lado más débil

El ex premier Yehude Simon; el ex ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz; la ex titular del Interior, Mercedes Cabanillas y de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, actualmente en la cartera de Economía, son los responsables políticos de los trágicos sucesos ocurridos en Bagua, el pasado 5 de junio, según concluye el informe final de la Comisión del Congreso. Pese a ello, no se recomienda acusarlos constitucionalmente.
Asimismo, determina que sólo un alto mando policial tiene responsabilidad penal por lo ocurrido en la Estación 6, donde comenzó la tragedia que enlutó a 34 familias de la policía y de comunidades indígenas.
El presidente de dicho grupo de trabajo, Guido Lombardi (UN) informó que se presentaron cuatro informes finales: El suyo, uno del Apra (Wilder Calderón y Luis Falla Lamadrid), otro del nacionalista Víctor Isla y otro de la legisladora fujimorista Martha Moyano que finalmente fue apoyado por los legisladores Eduardo Espinoza, de UPP; y Juan Perry de Alianza Parlamentaria, obteniendo la mayoría oficial y por lo tanto, el que será debatido en el pleno del Congreso.
“Como presidente me corresponde, a través de los canales regulares, hacer llegar a la Oficilía Mayor y a la Presidencia del Congreso, el informe en mayoría y hasta antes del minuto previo a que se debata en el pleno, se podrá presentar los informes en minoría”, indicó Lombardi a la PRIMERA, advirtiendo que los congresistas del APRA hicieron llegar su informe a última hora.
Por su parte, Moyano confirmó que sí se encontró responsabilidad penal en el general PNP Luis Muguruza, ex jefe de la Diroes y hoy asignado a la Oficina de Derechos Humanos, por su accionar negligente en la Estación No 6 de Petroperú donde 12 policías fueron víctimados, y que finalmente desencadenó esta tragedia desarrollada durante la protesta amazónica.
Lombardi explicó que las recomendaciones del informe final permitirán que casos como el de Bagua no se repitan y que la protesta social se canalice de la mejor manera sin llevar al derramamiento de sangre de los compatriotas más humildes.

Vergonzoso e indignante, así se traduce el papel que desempeñan varios fiscales en Huaraz.


Corrupción de fiscales

"Informe de Projusticia revela una red de fiscales que impide en Huaraz la buena administración de justicia.
El informe indica que existe complicidad entre los referidos fiscales que habrían consolidado una inacción de las instituciones y autoridades para evitar
que se les investigue, evitando que se ponga al descubierto hechos de corrupción, a pesar de los escándalos que estremecen al país."

Un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Justicia, Projusticia, reveló la existencia en Huaraz de una red de fiscales corruptos en el Ministerio Público y que estaría encabezada por el Fiscal Superior Marco de la Cruz Espejo, quien ejerció el cargo de fiscal decano de Huaraz desde el año 2000 hasta el 2009, cuando fue reemplazado por la fiscal María Malpica Coronado.
De la Cruz es el actual Fiscal Superior Titular de Áncash y fue fiscal decano de este distrito judicial entre febrero de 1997 y setiembre de 1999 y luego desde octubre del 2000 hasta diciembre de 2008, es decir que ha estado once años al frente de esta entidad.
El hecho de haber sido De la Cruz decano durante la dictadura de Alberto Fujimori y haberse mantenido varios años al frente del Ministerio Público, genera sospechas de que su presencia implica la permanencia de una red de corrupción instituida en esta entidad, dijeron fuentes de esa instancia.
Un indicio de este hecho es que De la Cruz no hizo mayores investigaciones sobre actos de corrupción cometidos durante el régimen del sentenciado Fujimori en esta región, a pesar de reiteradas denuncias al respecto.
El “modus operandi” de De la Cruz consiste, dicen los informantes, en hacerse de la “vista gorda” y omitir cualquier investigación o denuncia que incomode a sus allegados o conocidos, de acuerdo al referido informe. La conducta de De la Cruz ha estado dirigida también a favorecer a fiscales de su entorno.
A pesar de estas evidencias, las denuncias contra este fiscal ante la Fiscalía Suprema de Control Interno –órgano encargado de investigar a los fiscales superiores titulares a nivel nacional- no han prosperado, y han terminado siendo archivadas. Este personaje, según nuestras fuentes, actuaría apoyado por Zadí Daniel Anaya Castro, quien se desempeñó como Fiscal Provincial hasta el 23 de abril del 2009 y era uno de los más poderosos e influyentes de Huaraz, hasta que el Consejo Nacional de la Magistratura resolvió no ratificarlo en su cargo.
También son mencionados Silvia Paredes Goycochea, a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal; Carlos Rodríguez Martínez, casado con Gabriela Saavedra de la Cruz, sobrina directa de De la Cruz Espejo y funcionaria de la Corte Superior de Áncash, y Vladimir Páucar Torres, Primer Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaraz por la fiscal de la Nación. De la Cruz Espejo ha sido su padrino de matrimonio.
Fuente : La Primera

Cierran filas por el gas

No le creo al presidente García cuando dice que está garantizado el abastecimiento de gas en el país “porque no hay documentos que lo respalden”. Por ello, la bancada nacionalista presentará un pedido de interpelación al ministro de Energía Pedro Sánchez, para que responda en torno este caso.
Si bien fue durante la gestión de Alejandro Toledo, que se modificó a través de “argucias”, un contrato suscrito por el Estado con el Consorcio Camisea, y con lo cual se permitió la exportación del gas proveniente del Lote 56, ahora durante el gobierno de Alan García esto se está culminando esto “con broche de oro” al modificar los contratos de transporte del recurso natural para concretar la exportación del gas proveniente del lote 56, así el candidato presidencial Ollanta Humala se sumó a las crecientes críticas ante la evidente exportación del gas natural en desmedro de los intereses nacionales.
Según el líder del Partido Nacionalista la exportación del gas es el “mayor acto de corrupción de los últimos 20 años”.
En opinión de Humala el gas proveniente del lote 56 será vendido a Chile, en vista que la Planta Regasificadora de Manzanillo en México no estará operativa hasta fines del 2011. “Lo que hace el Gobierno es modificar el contrato del transporte del gas porque el gasoducto que hemos pagado los peruanos no fue previsto para el gas proveniente del Lote 56. Lo que ha hecho (el Gobierno) es buscar un sustento legal para cometer una acción ilegal y permitir que el gas del Lote 56 sea exportado no necesariamente a México (ya que han prohibido la compra de gas hasta el 2011). Lo más probable es que vaya a Chile y otra vez Perú va a sostener el desarrollo chileno a costa del desarrollo nacional”, expresó.
Anteriormente, el especialista Jorge Manco Zaconetti dijo que como la planta de México no estaría operativa el próximo mes de junio –cuando debe iniciarse la exportación del gas licuefactado- recomendó que al menos 200 millones de pies cúbicos diarios sean comercializados en el mercado interno para cubrir la demanda real de las empresas mediante la metodología de ofertas públicas con una renegociación en las regalías a favor del fisco.
Según el líder nacionalista, la venta del gas hacía Chile generaría utilidades por 15 mil millones de dólares, que se llevará la empresa que vaya a exportar (Repsol/YPF) gracias a la anuencia del Estado, mientras que el fisco peruano recibiría regalías calculada en 85 centavos de dólar por barril. “El gobierno debe precisar a que país se venderá el gas”, recalcó.
Ollanta Humala, negó que su preocupación por la eventual exportación del gas de Camisea responda a un interés electoral, y anunció que su partido apoyará las protestas que, según dijo, se preparan en el sur por este tema. “Ahora luchar contra la corrupción y defender los intereses de todos los peruanos es considerado intereses electoral”, así respondió al premier Javier Velásquez quien dijo que ahora se va usar el tema del supuesto desabastecimiento de gas como “bandera electoral”.
Propuestas
Humala Tasso pidió que se respete el acuerdo original que firmó el Estado con el Consorcio Camisea en el que se establecía que no procedía la exportación del gas natural si es que en un horizonte de 20 años el recurso natural no estaba garantizado para el consumo local. Por ello, pidió se investigue las irregulares modificaciones que se hiciera al primer contrato para facilitar la exportación, así como anularlas.
Según Humala, de esto es responsable tanto el gobierno de Alejandro Toledo, por hacer modificaciones con normas legales de menor jerarquía al contrato original, “y el actual, por no investigar”.
Demandó que el gobierno demuestre la afirmación sobre que el abastecimiento interno de gas está garantizado “porque hablan de expectativas de reserva para los Lotes 57, 87 y otros. Aún si hubiera (el gas), ese gas es utilizable en cinco años.
También pidió que se establezca una norma en la que se precise que una infraestructura como los ductos de gas de Transportadora de Gas del Perú (TGP) que fueran realizadas con dinero de todos los peruanos no sea utilizado para otros fines que no sean los nacionales.
Gas para el sur
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Hugo Ordóñez, pidió al gobierno actuar con “patriotismo” y concretar primero la atención de la demanda nacional en el tema de gas, en lugar de privilegiar la exportación de este recurso.
Ordóñez demandó al ministro de Energía, Pedro Sánchez, y al titular del Gabinete, Javier Velásquez, cumplir con la construcción del Gasoducto Andino del Sur para abastecer de gas a dicha macro región.”Es vital para nuestra economía la concretización del proyecto de construcción del gasoducto surandino porque nos posibilitará tener combustible más barato”, refirió.
Por su parte, el presidente de la Región Cusco, Hugo Gonzáles consideró como un hecho “entreguista” que se destinen 4 millones de pies cúbicos para la exportación, cuando hay sólo 8.8 trillones de reservas probadas de este recurso.
Coincidiendo con Humala dijo que si como es evidente existe un acto de corrupción en los contratos de exportación estos deben investigarse y si es necesario pedir su nulidad .
“Nosotros estamos en pleno desacuerdo con la exportación del gas por lo siguiente: se ha emitido un Decreto Supremo del Ministerio de Energía y Minas garantizando un trillón de pies cúbicos para el sur. Nosotros nos acercamos al Consorcio Camisea y nos dice “Yo no sé absolutamente nada de eso porque no he conversado con el gobierno, esa es la preocupación del sur peruano”, puntualizó.
Mañana los presidentes de los gobiernos regionales del sur se reunirán con el titular del Consejo de Ministros y el ministro Sánchez a fin de llegar a un acuerdo con respecto al Gasoducto Andino del Sur.
Fuente : La Primera

Rebelión en el Apra
El partido de la estrella en su peor hora. Militantes de Boston, Estados Unidos, piden reformas.


DETALLE : Los firmantes del comunicado aprista son:
Augusto Valqui Malpica DNI 08785318
Marco Antonio Flores Villanueva Ficha de Reinscripción PAP 093507,
Gustavo Adolfo Villanueva Falvy DNI 09137229
Jorge Emilio Guibert Alva Ficha de reinscripción PAP 29128 DNI 17938372,
Rodolfo Montes Velásquez DNI 15614577
Alamiro Enrique Antonio Gutti Martín DNI 17939325
Edgar Enrique Alarcón Vásquez DNI 16651702
Carlos A. Llerena Vásquez DNI 08730252
César Carbajal Sánchez DNI 18097518
César Vásquez Bazán (*)
Eulogio Alberto Huamanchay Pérez DNI 18899363
Elvio M. Via Velásquez DNI 43097429
Carlos Pichilinge DNI 06707467
Carmen Gómez Román DNI 40998710
Ángel García DNI 06385090
(*) Los ciudadanos firmantes sin consignar su DNI, han hecho llegar su adhesión públicamente a las listas apristas de Internet y al correo personal publicitado para ese propósito.


La célula aprista de Boston pide la suspensión indefinida de los derechos y cargos partidarios al presidente García, Del Castillo y Quesada. Exigen la conformación de un Comando Nacional de Acción, integrado por militantes de probada trayectoria moral y que asuma la dirección del PAP. Hoy se celebra el 86º aniversario de fundación del Apra.
Los dirigentes y militantes apristas residentes en Boston, Estados Unidos, exigen una drástica solución a la crisis institucional que atraviesa el partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, cuya cúpula dirigencial ha sido involucrada en varios casos de corrupción estatal, así como la renovación total de los cuadros políticos elegidos en el último congreso.
Mediante un comunicado, que reproducimos íntegramente, la célula aprista de Boston pide la suspensión indefinida de los derechos y cargos partidarios al presidente Alan García, a Jorge del Castillo y Omar Quesada, y también el levantamiento de su secreto bancario.
A la militancia:
“En las últimas semanas el país ha sido testigo de graves revelaciones que sindican a las más altas esferas del Partido Aprista Peruano comprometidas en presuntos actos de corrupción”.


“Desde el propio presidente de la República, Alan García Pérez –reuniéndose indebidamente con la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, interfiriendo su labor con el consentimiento de ésta, y dirigiendo él mismo las investigaciones policiales de un proceso penal que también involucra a su entorno más inmediato-, pasando por el Secretario General Político del PAP, Jorge del Castillo Gálvez –con graves cargos de tráfico de influencias y negociación incompatible-, hasta el Secretario General Institucional del PAP, Omar Quesada Martínez, acusado de tráfico de tierras como director de Cofopri”.
“Uno a uno los indicios que están siendo presentados sistemáticamente por los medios de comunicación del país, demuestran que, efectivamente, las altas esferas del partido tendrían seriamente comprometida su responsabilidad en estos actos dolosos”.
“Y aquello está impactando negativamente en la imagen del Partido Aprista Peruano, sus militantes y simpatizantes, generando la repulsa y el rechazo mayoritario del pueblo peruano a una institución política que fue creada por Haya de la Torre para servir a la nación y no para servirse de ella”.
“Por ello, es urgente que el Partido Aprista Peruano tome de inmediato las medidas correctivas destinadas a recobrar no solamente su imagen institucional, visiblemente afectada por su dirección política involucrada en actos de corrupción, sino también su independencia de criterio con relación a los actos de gobierno, desde el Poder Ejecutivo hasta su representación parlamentaria”.
“En ese sentido, los ciudadanos apristas y simpatizantes firmantes de este documento, exigimos que el Partido Aprista Peruano tomé las medidas siguientes:”


“Primero: Suspender INDEFINIDAMENTE en sus derechos y cargos partidarios a los ciudadanos Alan García Pérez, Jorge del Castillo Gálvez y Omar Quesada Martínez, y solicitar el levantamiento del secreto bancario de los referidos ciudadanos”.
“Segundo: Solicitar el levantamiento voluntario del secreto bancario de los ciudadanos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista y de la representación parlamentaria del partido en el Congreso de la República (Célula Parlamentaria Aprista), como un gesto de transparencia moral y reconciliación con la ciudadanía”.
“Tercero: Exigir la conformación de un Comando Nacional de Acción, integrado por militantes de probada trayectoria moral y que asumirá el gobierno del PAP”.
“Para asumir esa responsabilidad, los integrantes del Comando Nacional de Acción deberán levantar su secreto bancario y exhibir ante la opinión pública y la prensa del país sus correspondientes declaraciones juradas del último quinquenio”.
“Acto seguido, el Comando Nacional de Acción del Partido Aprista Peruano disolverá el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política y renunciará a todos los titulares de los órganos de apoyo del partido, para asumir el gobierno del PAP”.
“La tarea fundamental del Comando Nacional de Acción debe ser la organización de un Congreso Nacional Extraordinario del partido, ideológico y programático y orientado, además, a reorganizar la estructura orgánica del PAP, así como a elegir un nuevo Comité Ejecutivo Nacional (un aprista un voto)”.
“Cuarto: Solicitar a la Junta de Fiscales Supremos la inmediata remoción de la fiscal de la Nación, Gladyz Echaíz Ramos, por su parcializado accionar con el Ejecutivo en este escándalo, y del Fiscal Supremo José Peláez Bardales, ahora implicado en los audios de la corrupción”.


“Quinto: Exigir la renuncia inmediata del ministro del Interior, Teniente General PNP, Octavio Salazar Miranda y del Director de la Policía Nacional, Miguel Hidalgo Medina, así como el levantamiento del secreto bancario de éste último”.


“Sexto: Solicitar se investigue y se levante el secreto bancario del Coronel PNP, Carlos Morán Soto, jefe del Grupo Especial de la Dinandro que intervino en desmantelar la empresa de espionaje político y empresarial Business Track (BTR)”.
Fuente : La Primera

La táctica de García: Megacorrupción en puertos y exportación del gas.

Se adelanta el inicio del último año del mandato del Gobierno de García, con una creciente y extendida corrupción. Es una crisis en las alturas, que el Gobierno quiere manejar para que no sea una crisis del modelo neoliberal y su régimen. Su táctica tiene tres frentes: la Impunidad general, la cabeza del Partido, y la Megacorrupcion con la Soberanía Nacional.
Los dos primeros frentes están en la escena mediática, y son fusibles recambiables.
Primero, la sistemática impunidad, para los diversos casos, cualquiera sea su nivel. Se borran audios, se queman documentos oficiales, se anulan pruebas. No hay detenidos, solo Rómulo Leon, porque era imposible evitarlo.
Segundo, se pretende desviar las denuncias por corrupción a los dos Secretarios Generales del APRA, Del Castillo (Petroaudios) y Quesada ( Cofopri), que han sido formuladas con indicios muy graves.
Se los presenta y centra como una “crisis del partido” (licencias, reemplazos, candidaturas, etc), buscando quitarle su real carácter de hechos de corrupción, y bloqueando una real acción moralizadora.
El Tercer Frente es la mega corrupción subastando la soberanía nacional. García se afirma en el poder neoliberal, precipitando la subasta lobbysta de los Puertos y el Gas de Camisea.
Han anunciado para entregar, ilegalmente, y en tres meses, todo el Puerto Público de Enapu-Callao a una empresa privada, con la liquidación de Enapu como empresa pública portuaria, la que reducirían a una “sociedad de beneficencia”, dedicada a pagar despidos y pensiones. Pretenden imponer un desarticulado sistema portuario nacional sin soberanía, con un Duo-polio de dos operadores mundiales (DPW y otro) en el Callao, y un tercer Administrador, que no es otro que la empresa Tramarsa, del grupo naviero portuario Chileno (Vonappen/Urenda/Claro),buque insignia empresarial Chileno. Pretenden convertirla como eje vertebrador de los servicios y puertos del sistema portuario del Perú, como lo es LAN en el aeroportuario.
La otra mega corrupción es la Exportación del Gas de Camisea, que comente la semana pasada. Han hecho un mamarracho jurídico, para cambiar ilegalmente las normas de transporte y permitir la exportación. En junio se empezará a exportar a Chile, pues a México será recién desde el 2011. Este faenón deja al país sin un recurso fundamental para su soberanía energética. Se vende el gas a US$ 1 el barril equivalente de petróleo, para comprar el sustituto energético requerido a US$ 84 barril de petróleo (importándose 100,00 mil barriles de petróleo por día). Los combustibles serán cada vez mas caros, en un país desabastecido de su fuente energética.
El Perú rechaza la corrupción y el pisoteo de la soberanía. Todos repudian la exportación del Gas a México y Chile, que desabastece al Perú. Se declara al día que García exporte LA PRIMERA molécula de gas, como el “Día de la Felonía al Perú”. El país se moviliza. La ciudadanía esta indignada. Se alistan lavados de bandera por todos lados.¡Ética y Soberanía, para la democracia nacional!
Manuel Dammert
Fuente : La Primera

Topy Top siniestro

Ni siquiera el Primero de Mayo descansó la mano cruel de Topy Top. Ese día despidió a 35 trabajadores (30 sindicalizados y cinco no afiliados al sindicato).
Esta acción inhumana exhibe la irresponsabilidad de una empresa cuyos métodos resumen el ánimo y el comportamiento de un empresariado que ha prosperado mediante la explotación inmisericorde, las jornadas de 12 horas y la ausencia de derechos laborales, incluido el de la libre sindicalización.
Topy Top es la empresa que en 2007, cuando se fundó allí el sindicato obrero, despidió a todos los sindicalizados. Esto suscitó una protesta del sindicalismo internacional, que logró una reposición luego burlada.
El abuso del 1 de mayo se ha producido horas antes de que Alan García, presidente de la República y del Apra, pronunciara un discurso en que afirmó: “Mi pedido es permanente y exigente: siempre debemos fomentar la sindicalización, que es instrumento de defensa de los trabajadores”.
“Hay que contar –agregó García– con sindicatos sólidos que colaboren con la redistribución de la riqueza”.
Palabras, palabras, palabras. Porque Topy Top, un consorcio que explota a 7,500 trabajadores, es reincidente pertinaz en despedir obreros, sobre todo si son sindicalizados, y más aún si son dirigentes sindicales.
Los 35 trabajadores recién lanzados a la calle son padres o madres de familia, algunos tienen seis años de contratos sucesivos, por lo cual resulta ridículo el argumento de que se les despide por “mala actitud”.
Mala actitud es la de los ejecutivos de Topy Top, que han rebajado a la tercera parte el valor de las horas extras o desnaturalizado los contratos de trabajo e implantado el salario mínimo como tope de ingresos.
Entre los “crímenes” del sindicato de Topy Top figura el haber presentado al Ministerio de Trabajo documentos que prueban que los despedidos tenían derecho a la estabilidad laboral.
¿Y el Ministerio de Trabajo? También dice fomentar los sindicatos. Hasta ha creado una oficina para la promoción sindical. Pero Topy Top sigue haciendo lo que le viene en gana.
En sólo este año, el Ministerio ha aplicado a Topy Top dos multas, cada una de 72 mil soles. Una por prácticas antisindicales, otra por obstrucción de la labor inspectiva sobre los contratos desnaturalizados y por no dar prueba de éstos a la autoridad de Trabajo.
El Ministerio ha citado cuatro veces a los representantes de la empresa, pero ellos no se han presentado. Tampoco pagan las multas.
Los abusos de esta empresa son intolerables, no sólo por el daño que causan a los despedidos, sino también porque atemorizan a los obreros de ese centro, y a la clase obrera en general.
Urge por eso la solidaridad, en especial de las ramas textil y de confecciones, y la apelación al internacionalismo sindical, como en 2007.
Cesar Levano
Fuente : La Primera