USB robados de caso BTR involucraban a ministro Rey
A pesar de las connotaciones políticas, Rey jamás habló de su relación con Rómulo León.
Estos documentos forman parte del expediente del caso BTR. El primero muestra el índice de lo que contenían los USB originales de Gianotti -que fueron sustraídos-, donde aparecen archivos de Rey, y el segundo detalla la lista de lo que hay en los USB que dejaron en reemplazo de los primeros. Ya no aparece Rey.
De lo incautado a Giselle Gianotti en enero de 2009, se robaron los dos USB que contenían 25 archivos de Rey y que en su lugar dejaron dos USB con información diferente, en los que ya no aparecen los archivos del ministro. Existe otro USB que no ha sido robado y que también contiene otros 7 archivos de Rey.
En medio del escándalo que ha generado el robo de los dos USB originales incautados a Giselle Gianotti, ayer LA PRIMERA tuvo acceso en exclusiva a documentos que forman parte del expediente judicial del caso Business Track y comprobó que esos dispositivos contenían al menos 25 archivos con el apellido Rey.
Fuentes judiciales dijeron que se trata del actual ministro de Defensa, Rafael Rey Rey, y para demostrarlo nos proporcionaron uno de los correos electrónicos, hasta hoy desconocidos, que contienen conversaciones entre el ministro de Defensa y el hoy detenido ex ministro aprista Rómulo León, cuyo contenido publicamos íntegramente en esta edición.
En ese e-mail, fechado el 5 de noviembre de 2007, Rey, en su calidad de ministro de la Producción, le dice a León que ha insistido ante el ministerio de Economía para que suba de 0 a 9% los aranceles de las importaciones de las redes pesqueras, lo cual había sido solicitado por León en anteriores correos.
El pedido de León era para favorecer a los fabricantes peruanos de redes pesqueras, ya que el material producido en el exterior ingresaba al Perú con precios sumamente bajos, dejando a los fabricantes peruanos sin posibilidad de competir.
Lo cierto es que el ministro Rey en ningún momento había señalado, al menos públicamente, que tuvo conversaciones con Rómulo León.
El cambiazo
De lo incautado a Giselle Gianotti, ex gerente de la empresa Business Track que “chuponeaba” a políticos y empresarios, se robaron los dos USB que contenían los archivos de Rey, y en su lugar dejaron dos USB con información totalmente diferente, donde ya no aparecen los correos y audios de Rey.
Este cambio ha sido confirmado por el experto en sistemas informáticos Rubén Busta Arroyo, quien sostiene en un informe cuya copia tiene este diario, que los dispositivos incautados a Gianotti el 12 de enero de 2009 no son los mismos que están en el juzgado de la magistrada María Martínez, a cargo del caso Business Track.
Afortunadamente, ese mismo día, la policía hizo una indexación, vale decir un índice o relación de archivos que estaban guardados en los USB’s. Esa es la prueba de que había archivos de Rey guardados en los dispositivos que se robaron. El correo de Rey que nos fue proporcionado fue impreso en una de las diligencias de la Fiscalía antes de la sustracción de los USB.
Estos documentos se encuentran a fojas 1174 y 1210 del anexo ‘C’ del voluminoso expediente bajo el título Acta de Obtención de Imagen de USB, elaborados el 12 de enero de 2009. El mismo lleva las firmas del comandante de la policía Raúl del Castillo, el mayor PNP Luis López y la fiscal adjunta Vanessa Araníbar.
En dicho expediente también está la relación de los archivos de los USB que alguien colocó en reemplazo de los originales (fojas 5975 a 5985 del tomo 12) y que han sido identificados como MGG96 y MGG95, en los que no aparecen los archivos de Rey.
Estas razones hacen considerar la posibilidad de que el robo se produjo para favorecer a Rey, ocultando ante las autoridades judiciales sus comunicaciones no sólo con Rómulo León, sino también con otros personajes, y que podrían revelar situaciones comprometedoras.
Raúl Sánchez
Redacción
domingo, 28 de marzo de 2010
Policías: Razones de una huelga
(1) La protesta del 5 de febrero y el anuncio de la huelga obligaron al gobierno a formar una comisión para el tema salarial.
(2) La cárcel no ha silenciado a Ortega, quien insiste en llamar a la huelga.
El escándalo protagonizado por el director de la PNP, Miguel Hidalgo, ha relegado a un segundo plano el grave problema, aún pendiente, del malestar existente en la policía, del que habla desde la prisión el dirigente policial Richard Ortega, enjuiciado y encarcelado por promover las protestas de los uniformados y una huelga para el 5 de abril.
Desde hace varios años el rumor de una huelga policial ronda las comisarías del país. A más de un efectivo le sobran ganas de protestar por los bajos sueldos que perciben, la pésima atención que reciben en el Hospital Central de la Policía, la situación de abandono en la que trabajan la mayoría de ellos, etc. Pero estos amagos no han llegado a concretarse.
Sin embargo, actualmente existe una convocatoria de huelga que ha obligado al gobierno a instalar una comisión de alto nivel que tiene como principal misión elaborar en menos de 180 días un proyecto para reestructurar los salarios de los miembros de las fuerzas del orden.
“Junto al personal civil hemos ratificado la gran jornada del 5 de abril, que marcará un hito histórico, porque todas las organizaciones estamos más que nunca unidas por una causa común. Decidimos alzar nuestra voz para que nuestros hijos tengan la oportunidad de educarse, para que todos los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales tengamos atención humana en los hospitales, para contar con un techo donde vivir humanamente, para tener condiciones laborales de acuerdo a los convenios internacionales”, manifestó Ortega, más conocido por sus colegas policías como “Rumimaki” y quien fue detenido el mes pasado por demandar la entrega de un bono extraordinario para todo el personal militar y policial sin excepción, incluidas las viudas y los pensionistas.
Ortega remarcó que el 5 de abril los policías en actividad no asistirán a sus puestos de trabajo. “Nuestros colegas se quedarán en sus hogares en compañía de sus familias para reflexionar sobre la crisis económica, social y cultural que nos agobia. Les recuerdo a mis colegas en actividad que faltar un día al trabajo no es un delito ni una falta grave. Nuestros colegas en situación de retiro, los discapacitados y viudas desarrollarán formas de lucha en las comisarías y cuarteles a lo largo y ancho de nuestra patria, y a partir de las 10 de la mañana en las principales ciudades del país realizarán marchas pacíficas”, dijo.
Asimismo, el suboficial PNP Edward casas, quien también está detenido por participar en un plantón el mes pasado frente al ministerio de Economía, indicó que ha sido informado que en Lima existe consenso entre los efectivos para ausentarse de sus puestos el 5 de abril. Añadió que esta jornada de lucha reafirmará las bases para que el sindicato policial sea legalizado.
Para el general (r) Daniel Mora, si bien las demandas de las fuerzas del orden son justas, es un error pretender el derecho a sindicalización pues, argumentó, la Constitución establece que se trata de fuerzas no deliberantes, es decir, que no pueden protestar ni hacer proselitismo. “Las FF.AA. y policiales no pueden tomar partido. La sindicalización sería un grave retroceso para el país”, sentenció.
Roberto Chiabra, señaló que “el gobierno no puede tapar el sol con un dedo”, pues existe gran descontento ..... “La confianza está perdida”, sentenció.
El comandante EP (r) Jorge Rivas, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de las Fuerzas Armadas (Conafap); Óscar Pedraza, secretario de la Federación Nacional de Policías (Fenapol), y Gladys Tintaya, vocera de viudas de la Policía, tras escuchar el mensaje de Ortega y casas, confirmaron la participación de sus agremiaciones en la jornada del 5 de abril.
La ley del embudo
La congresista Juana Huancahuari está segura de que al gobierno aprista le tiembla la mano para pasar a retiro a oficiales que con su conducta dañan la imagen de sus instituciones, pero cuando son subalternos quienes reclaman por sus derechos, pretende hacer caer sobre ellos todo el peso de una ley abusiva y poco clara.
Mientras que a los oficiales no les pasa nada, al suboficial Richard Ortega, quien está preso, se le suspende de sus labores sin justificación para abrirle proceso disciplinario en un claro abuso de poder y un acto de insensibilidad, sostuvo la parlamentaria tras las primeras medidas represivas contra los policías rebeldes.
“La ley 29356 del régimen disciplinario de la policía contiene artículos que vulneran los derechos fundamentales de los policías conferidos por la Constitución y los tratados internacionales”, agregó la legisladora, sobre la prohibición de la sindicalización de los policías.Basado en este exceso jurídico, indicó, el gobierno pretende sancionar a los policías Edward casas, Ortega y Hallasi, por demandar mejoras salariales y haber convocado a una huelga para el 5 de abril.
Precisó que, de acuerdo a un estudio elaborado por la Coordinadora de derechos humanos, la tabla de infracciones sanciona con el pase a situación de retiro al personal que “afecte de manera trascendental la disciplina (…)”. ¿Cómo se afecta de manera trascendental la disciplina?, es algo tan confuso que permite cometer abusos en su interpretación, agregó.
Asimismo, se sanciona con el pase a retiro a quienes organicen, dirijan, promuevan o participen en huelgas, paros o marchas, a pesar de que los policías, como trabajadores, cuentan con el amparo constitucional al derecho a la huelga, aseveró.
(1) La protesta del 5 de febrero y el anuncio de la huelga obligaron al gobierno a formar una comisión para el tema salarial.
(2) La cárcel no ha silenciado a Ortega, quien insiste en llamar a la huelga.
El escándalo protagonizado por el director de la PNP, Miguel Hidalgo, ha relegado a un segundo plano el grave problema, aún pendiente, del malestar existente en la policía, del que habla desde la prisión el dirigente policial Richard Ortega, enjuiciado y encarcelado por promover las protestas de los uniformados y una huelga para el 5 de abril.
Desde hace varios años el rumor de una huelga policial ronda las comisarías del país. A más de un efectivo le sobran ganas de protestar por los bajos sueldos que perciben, la pésima atención que reciben en el Hospital Central de la Policía, la situación de abandono en la que trabajan la mayoría de ellos, etc. Pero estos amagos no han llegado a concretarse.
Sin embargo, actualmente existe una convocatoria de huelga que ha obligado al gobierno a instalar una comisión de alto nivel que tiene como principal misión elaborar en menos de 180 días un proyecto para reestructurar los salarios de los miembros de las fuerzas del orden.
“Junto al personal civil hemos ratificado la gran jornada del 5 de abril, que marcará un hito histórico, porque todas las organizaciones estamos más que nunca unidas por una causa común. Decidimos alzar nuestra voz para que nuestros hijos tengan la oportunidad de educarse, para que todos los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales tengamos atención humana en los hospitales, para contar con un techo donde vivir humanamente, para tener condiciones laborales de acuerdo a los convenios internacionales”, manifestó Ortega, más conocido por sus colegas policías como “Rumimaki” y quien fue detenido el mes pasado por demandar la entrega de un bono extraordinario para todo el personal militar y policial sin excepción, incluidas las viudas y los pensionistas.
Ortega remarcó que el 5 de abril los policías en actividad no asistirán a sus puestos de trabajo. “Nuestros colegas se quedarán en sus hogares en compañía de sus familias para reflexionar sobre la crisis económica, social y cultural que nos agobia. Les recuerdo a mis colegas en actividad que faltar un día al trabajo no es un delito ni una falta grave. Nuestros colegas en situación de retiro, los discapacitados y viudas desarrollarán formas de lucha en las comisarías y cuarteles a lo largo y ancho de nuestra patria, y a partir de las 10 de la mañana en las principales ciudades del país realizarán marchas pacíficas”, dijo.
Asimismo, el suboficial PNP Edward casas, quien también está detenido por participar en un plantón el mes pasado frente al ministerio de Economía, indicó que ha sido informado que en Lima existe consenso entre los efectivos para ausentarse de sus puestos el 5 de abril. Añadió que esta jornada de lucha reafirmará las bases para que el sindicato policial sea legalizado.
Para el general (r) Daniel Mora, si bien las demandas de las fuerzas del orden son justas, es un error pretender el derecho a sindicalización pues, argumentó, la Constitución establece que se trata de fuerzas no deliberantes, es decir, que no pueden protestar ni hacer proselitismo. “Las FF.AA. y policiales no pueden tomar partido. La sindicalización sería un grave retroceso para el país”, sentenció.
Roberto Chiabra, señaló que “el gobierno no puede tapar el sol con un dedo”, pues existe gran descontento ..... “La confianza está perdida”, sentenció.
El comandante EP (r) Jorge Rivas, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de las Fuerzas Armadas (Conafap); Óscar Pedraza, secretario de la Federación Nacional de Policías (Fenapol), y Gladys Tintaya, vocera de viudas de la Policía, tras escuchar el mensaje de Ortega y casas, confirmaron la participación de sus agremiaciones en la jornada del 5 de abril.
La ley del embudo
La congresista Juana Huancahuari está segura de que al gobierno aprista le tiembla la mano para pasar a retiro a oficiales que con su conducta dañan la imagen de sus instituciones, pero cuando son subalternos quienes reclaman por sus derechos, pretende hacer caer sobre ellos todo el peso de una ley abusiva y poco clara.
Mientras que a los oficiales no les pasa nada, al suboficial Richard Ortega, quien está preso, se le suspende de sus labores sin justificación para abrirle proceso disciplinario en un claro abuso de poder y un acto de insensibilidad, sostuvo la parlamentaria tras las primeras medidas represivas contra los policías rebeldes.
“La ley 29356 del régimen disciplinario de la policía contiene artículos que vulneran los derechos fundamentales de los policías conferidos por la Constitución y los tratados internacionales”, agregó la legisladora, sobre la prohibición de la sindicalización de los policías.Basado en este exceso jurídico, indicó, el gobierno pretende sancionar a los policías Edward casas, Ortega y Hallasi, por demandar mejoras salariales y haber convocado a una huelga para el 5 de abril.
Precisó que, de acuerdo a un estudio elaborado por la Coordinadora de derechos humanos, la tabla de infracciones sanciona con el pase a situación de retiro al personal que “afecte de manera trascendental la disciplina (…)”. ¿Cómo se afecta de manera trascendental la disciplina?, es algo tan confuso que permite cometer abusos en su interpretación, agregó.
Asimismo, se sanciona con el pase a retiro a quienes organicen, dirijan, promuevan o participen en huelgas, paros o marchas, a pesar de que los policías, como trabajadores, cuentan con el amparo constitucional al derecho a la huelga, aseveró.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)