Asilo aprista a rosales

Mario Isea Rosales no podrá desvirtuar las denuncias en su contra aunque se asile Caracas, 22 Abr. ABN. - Manuel Rosales no podrá desvirtuar las denuncias que se han tejido en su contra aunque sea aprobado el asilo político que solicitó al Gobierno de Perú, sostuvo este miércoles el diputado a la Asamblea Nacional, Mario Isea. “Él está buscando una suerte de complicidad en el Perú, pero evidentemente abandonó el cargo como alcalde y trató de justificar su vida priori enviando documentos falsos de permisos, específicamente uno de 90 días donde justifica que separa de su cargo por ese tiempo y otros documentos írritos por cuatro y 15 días, es decir, todo un conjunto de trampas que son consonas con su personalidad”, precisó. Durante su intervención en el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana Televisión (VTV), Isea indicó que Rosales no cree en leyes ni en la Constitución venezolana pues, a su juicio, él sólo cree en el poder económico y político. “A Rosales se le desmoronaron los actos delincuenciales que llevó a cabo durante varios años, en tal sentido él no podrá desvirtuar las denuncias que tiene en su contra así se encuentre en otra nación”, expresó el parlamentario. En rueda de prensa desde el Hotel Bolívar de Lima, Perú, el abogado de Manuel Rosales, Javier Valle Riestra, acompañado de Timoteo Zambrano, vocero del partido Un Nuevo Tiempo, confirmaron este martes que Rosales se encontraba en ese país y que ya había solicitado oficialmente asilo político. En el pasado, el gobierno de Perú ha otorgado asilo a otros prófugos de la justicia venezolana, como es el caso de Carlos Ortega y Eduardo Lapi. También en 2003 le fue concedido a dos militares retirados que participaron en las protestas de la plaza Francia de Altamira. Fuente : Agencia Bolivariana de Noticias

Protestar es un delito en el Perú

Protestar es un delito

(1) La voz de las poblaciones indígenas no son escuchadas y encima tienen prohibido reclamar por sus derechos y por la defensa de sus tierras. (2) Miguel Palacín es uno de los dirigentes que han sufrido persecución y es acusado por terrorismo. En el Perú, los dirigentes sociales que defienden los derechos populares son tratados como viles delincuentes y enjuiciados por terrorismo, cuya pena mínima es 30 años de prisión; más de lo que recibió el ex dictador Alberto Fujimori por ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Muchos de aquellos líderes que se atreven a denunciar y protestar viven constantemente con el temor de que mañana, al salir por la puerta de sus casas, serán detenidos y encerrados en una celda mientras algún agente de inteligencia policial termina por marcar el expediente de su vida. El segundo gobierno de Alan García ha contribuido a incrementar este temor, adoptando mecanismos que representan una regresión en el tratamiento estatal de los derechos y las garantías constitucionales de las personas, un retroceso en la democratización de las políticas de control social. El gobierno ha incrementado las condenas para los delitos contra la tranquilidad pública, ha penalizado la participación de autoridades regionales, municipales y de otras áreas, en las protestas sociales, lo que viola derechos civiles esenciales. Pretende además tipificar como delito de extorsión a todo reclamo contra el gobierno central. Ya casi no hay delitos aplicables a las protestas sociales a los cuales elevarles las penas. En Piura En septiembre de 2007, pobladores de la sierra piurana realizaron manifestaciones por estar en desacuerdo con que la empresa minera Río Blanco (ex Majaz) realice sus actividades en territorios de sus comunidades sin consultar a la población. Los hechos se tornaron violentos y la represión policial llegó a extremos de secuestro y torturas. A raíz de ello, 35 dirigentes sociales y pobladores afrontan hasta ahora investigaciones y juicios. A ellos se les acusa por los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, asociación ilícita para delinquir, conspiración, entre otros cargos graves. En la Quinta Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Terrorismo de Piura aún está abierta la investigación. “Ésta es una respuesta por parte del Estado contra todos los dirigentes y líderes de organizaciones sociales, asociaciones civiles sin fines de lucro, autoridades electas y abogados que han se oponen a la imposición ilegal de la actividad minera y lo hacen a través de mecanismos democráticos, como la consulta del año 2007 que con la mayoritaria participación de la ciudadanía, expresó un contundente rechazo a la actividad minera”, explicó Miguel Palacín, presidente de la Coordinador Andina de organizaciones Indígenas (CAOI), quien, a más de un año de ocurridos los hechos varias veces ha tenido que suspender compromisos y eventos para acudir a rendir sus manifestaciones en la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote). Como explica Palacín, este caso es emblemático porque se intenta responsabilizar de delitos graves como terrorismo a los principales dirigentes de todas las organizaciones sociales que defienden la vida en la región Piura, por el sólo hecho de ser opositores a una actividad económica que causa un grave impacto al medio ambiente de toda la región. “Es parte de una estrategia de amedrentamiento porque la intencionalidad, en primera instancia, es que estas personas sean objeto de investigación penal a cargo de la Dincote, para después entablar contra ellos un proceso penal con el objeto de sancionarlos. El verdadero objetivo de la denuncia es el descabezamiento de las organizaciones sociales, utilizando para ello el sistema penal. De ese modo, a través de investigaciones, se está implementando una modalidad de persecución”, indicó. Ésta es una tendencia que viene generalizándose. En Huancavelica El 6 de noviembre de 2007 el conflicto entre la Empresa Minera Pampamali S.A. y comunidades campesinas se agudizó, los pobladores se dirigieron a la zona minera con la intención de hacer valer sus derechos ante lo que ellos consideran abusos cometidos por la empresa, por haber retomado sus actividades extractivas sin haber cumplido con subsanar las observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental que hizo el Ministerio de Energía y Minas el año 2004. La preocupación por parte de la Comunidad Campesina de Seclla es por el uso y contaminación del agua de la cabecera de cuenca del único río que utilizan los pobladores para el riego y para consumo humano, aguas que alimentan sus tierras y sus vidas. Como una forma de solución a este conflicto se conformó una Mesa Tripartita de Diálogo (Empresa, Estado y Comunidades), suscribiendose un Acta de Conciliación donde la empresa se comprometió a retirar toda denuncia que hubiese efectuado respecto a los hechos que motivaron la reunión. Sin embargo, la Empresa Minera presentó ante la Fiscalía de Lircay siete denuncias contra autoridades y dirigentes. Por este caso, 18 personas son actualmente investigadas, entre ellas el alcalde del distrito de Secclla, dirigentes y lideres comunales. Todos son acusados de los delitos de usurpación agravada, disturbios, robo agravado y, no podía faltar, terrorismo. El caso es emblemático porque se pretende desmovilizar la protesta de los comuneros de Seclla por medio de procesos penales, siendo la incriminación más grave el delito de terrorismo. En este caso la empresa minera, haciendo uso de su poder económico ante las autoridades, está manipulando los procesos como una forma de intimidación a fin que las autoridades locales y dirigentes de las diversas comunidades afectadas dejen de protestar contra sus inversiones. En pocas palabras, la respuesta del Estado contra las protestas sociales es utilizar el sistema penal, el poder legal disciplinario, al servicio del poder político y, peor aún, al servicio de intereses empresariales que atropellan los derechos de la sociedad. Detenciones, práctica común también en Colombia y Chile Colombia tiene una historia de conflictos sociales permanentes. La relación entre los pueblos indígenas el Estado colombiano ha sido siempre una relación de lucha y resistencia. La práctica de detenciones individuales y masivas por parte de la Policía y el Ejército, con o sin autorización judicial, ha afectado de manera significativa a los pueblos indígenas. Las detenciones en Colombia se realizan a base de testimonios de efectivos de las fuerzas del orden o de dudosos informes de inteligencia. Según el sistema de información de la Organización Nacional Indígena de Colombia, entre 1998 y 2008, se presentaron en los diferentes pueblos indígenas de Colombia aproximadamente 77 mil 068 detenciones. En el pueblo de Kankuamo, por ejemplo, en los últimos dos años han sido detenidos cerca de 50 personas. La mayoría de los presos han recuperado su libertad por falta de pruebas que los incriminen. Esto ocurrió en agosto de 2005, cuando tras el operativo denominado Atánquez fueron detenidos 16 indígenas Kankuamos quienes fueron presentados en los medios de comunicación como terroristas del Frente 59 de las FARC. Estas detenciones se produjeron un mes después de que la guerrilla de las FARC hiciera explotar un campo minado causando la muerte de 15 uniformados del Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía. En Chile la situación es similar, la relación entre el Estado y las comunidades indígenas está marcada por el despojo de las tierras ancestrales y la pérdida de los recursos naturales existentes en esos espacios. En este país el caso emblemático es el del pueblo mapuche del sur de Chile, estas comunidades han sido seriamente afectadas con la construcción de edificios privados, con el aval del Estado, la instalación de centrales hidroeléctricas, vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas. Para lograr dicho fin el Estado ha reprimido a los indigenas y los ha acusado de delitos específicos tipificados en el código penal, tales como el incendio, la asociación ilícita y el abigeato. Dirigentes procesados en Piura - Mario Tabra Guerrero, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Ayabaca. A la fecha del presente informe, se le han instaurado 8 procesos penales en su contra y 7 investigaciones fiscales – policiales. - Magdiel Carrión Pintado, Presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca. Tiene 8 procesos penales en su contra y 10 investigaciones fiscales – policiales. - Senecio Jiménez Peña, Presidente de la Comunidad Campesina de Yanta: Se han instaurado en su contra 7 procesos penales y 6 investigaciones fiscales – policiales. - La mayoría de dirigentes tienen por lo menos cinco procesos penales abiertos y varias investigaciones policiales. Marcelo Puelles Redacción Fuente : La Primera

Frases Hirientes

Frases hirientes - El Presidente Lugo cree en el padre, los hijos y el espíritu santo. - No olvidar que Keiko es la filial del condenado. - “Esto no es una crisis, aunque el plan anticrisis está funcionando muy bien”. (Alan García) - Magaly Medina vale ahora menos que un ampay de a 20. - El libro de cabecera de Christian Meier es el Génesis. - El voyerismo es una licencia con goce de a ver. - Villanueva del Campo es más viejo que el antiimperialismo aprista. - “Dialogaremos, pero el paro continuará...” (Marqués de Sade) - Cuando Keiko se desinfle recobrará su aspecto humano. - Fritz DuBois es el brazo armado de la pesadez. - Lugo se hacía pasar por el santo padre. - El amor es un simulacro de sismo. - A don Felipe Tudela le corresponde el derecho de asilo. - El presidente de Paraguay se creía impune porque hacía sus cosas en el departamento de San Pedro. Y él tenía un juego de llaves. - La película favorita de Emilio Estefan debe de ser “Regreso sin Gloria”. - “¡Keiko se dispara!” (Crónica policial) - La izquierda paraguaya reza ahora el Padre Nuestro. - “Protesto. Esto es una cacería de brujas”. (Magaly Medina) - A Cuba le iba de maravillas cuando era Estado Libre Asociado de la Unión Soviética. - La vida termina haciéndonos tablas. - Ese programa debería llamarse Puto Final. - Sólo los del Opus Dei sostienen que están libres de polvo y paja. - Para ser perfecto, lo único que le falta al equipo peruano de fútbol es Cacá. - ¿Cómo puede haber helados a sol? Con razón todo fue un fracaso. - Mauricio Múlder mordió severamente al perro del hortelano. - Las mujeres se roban a mano armada. - El carro del fujimorismo tiene el guardafango más grande del mundo. - La muerte es infalible. Eso es de cajón. - Lo de "crisol" demuestra que Chang es un maestro que deja huella. - El jefe del tráfico aéreo se apellida Pankreoflat. - El tira y afloja ya estaba en el Kamasutra. - ¿Qué hará Keiko el Día de la Madre? - La única doctrina Monroe aceptable es la de Marilyn. - Las citas cumbres de Fernando Lugo eran a puertas cerradas. - Los marihuaneros harán un plantón frente a Palacio. - El problema de Magaly Medina es que se puso nuevos dientes pero se quedó con la misma boca. - La homofobia consiste en no atracar. - Cuando escribe, parece que el Veco inhalara glutamato de sodio. - Vladimiro acertó. Lo que le faltaba a Laura Bozzo era un collar. - El éxito consiste en no desearlo. Cesar Hildebrant Fuente : La Primera

El Miedo

El miedo

El fujimorismo es el partido del miedo.

La crisis económica agotó los nervios de los peruanos hasta hacerles aceptar un bestial ajuste que duplicó la pobreza en un solo día y nos redujo el ingreso promedio a niveles de los que no se ha recuperado hasta hoy, e instaló el mito de la “estabilidad”, al que han sido sacrificadas la posibilidad de desarrollo del país y de bienestar de las mayorías, para convertirnos en un paraíso de las inversiones externas.

Del mismo modo, la violencia política puso a la nación en manos del autoritarismo que hizo creer que el golpe de Estado, las leyes de excepción, Montesinos, Hermoza y el Grupo Colina, Blanca Nélida Colán y Rodríguez Medrano, la prensa chicha y el Congreso de medianoche, eran necesarios para “salvarnos del terrorismo”.

Fujimori decía que él no hablaba sino hacía.

Y por eso no presentó ningún programa en 1990, y abolió el debate político en el 95 y el 2000, para facilitar sus sucesivas reelecciones.

Quiso hacer creer que él mismo era un programa, porque él tenía la “mano dura”, que no tenemos los demás, y sangre fría para tomar las decisiones.

Y, por supuesto, había sabido armar un excelente servicio de inteligencia que le permitía estar siempre un paso más delante de todos.

En realidad no tenía idea de lo que debía hacerse con el Perú, como no lo tiene su hija, que aspira ahora a la presidencia.

La genialidad fujimorista consistió en descubrir las debilidades de la gente, el descenso brutal de las expectativas por el cuadro de urgencias que nos afectaba y que hizo olvidar las aspiraciones de otros tiempos al desarrollo, la participación social, la igualdad, los derechos políticos, etc.; el oportunismo de los empresarios que pasaron de Vargas Llosa al nisei en unos cuantos días; la falta de escrúpulos de la tecnocracia neoliberal que vio la ocasión para hacer “otro Chile”; y la facilidad con la que se podía corromper a los altos mandos y someterlos a su aparato de inteligencia.

Todo esto ocurrió, aunque no quieran recordarlo sus alabanceros (los explícitos, y los que dicen “a mí nadie me va a acusar de fujimorista, pero…”), que argumentan que lo que cuenta son los resultados. ¿Acaso no somos una economía neoliberal emergente gracias a Fujimori, aunque no sepamos si eso nos va a servir de mucho en la actual crisis global?, ¿no es verdad que en los 90 se acabó el terrorismo, aunque ahora estemos necesitando el regreso de la familia para volver a acabarlo?

En fin, qué importan algunos muertos, o algunos millones en el bolsillo de los gobernantes, algunas licencias como el golpe de 1992, la re-reelección o la destitución de los magistrados, si nos salvamos de ser la segunda Camboya y de seguir pagando el pan con millones de intis. Desembarazarse del fujimorismo fue una operación contra el miedo.

Como se ve, quedó inconclusa.

Ahora quieren hacernos creer que se vienen los remanentes, los narcoterroristas, los caviares, las ONG y el juez San Martín, como la nueva alianza siniestra de la que nos salvará Keiko, luego que libere a su papá.

Robert Wiener

Fuente : La Primera

flores-araoz amenaza fascista

Fiscal Luz del Carmen Ibáñez denuncia intromisión en la investigación de Ministerio Público. “Zapatero a tus zapatos”, le dijo a Flores-Aráoz.

Ministro prohíbe que fiscal visite El Frontón

Fiscal sostiene que el ministro de Defensa incurrió en abuso de autoridad. DETALLE El ministro de Defensa habría incurrido en abuso de autoridad y abuso de poder por impedir que el Ministerio Público pueda acudir al penal “El Frontón” para verificar la escena del crimen antes de emitir un dictamen en el proceso que se le sigue a un grupo de ex marinos. “Estamos evaluando las acciones que vamos a seguir. Es muy lamentable para la ciudadanía que se pongan obstáculos en un caso que nos ha enlutado durante bastante tiempo, pero con actitudes como la de este ministro es imposible que se avance. (…) El ministro puede ser acusado por abuso de autoridad y abuso de poder. Hay una responsabilidad política y penal, porque no se puede impedir la función de una fiscal. Es un tema muy delicado”, manifestó. El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, sin dar ninguna explicación, impidió ayer a la fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, Luz del Carmen Ibáñez, quien tiene a su cargo el caso de la matanza de El Frontón, realice una diligencia en la isla del mismo nombre. Ella tenía planeado acudir al lugar como parte de la labor de verificación de evidencias y de su valor probatorio que le permitiría lograr se inicie el juicio oral contra ocho marinos acusados de ser autores materiales del luctuoso hecho perpetrado durante el primer gobierno del presidente Alan García, en 1986. Al denunciar el atropello, la fiscal acusó a Flores-Aráoz de intromisión en la autonomía funcional del Ministerio Público y de abuso de poder por haber ordenado al comandante general de la Marina que impida la diligencia programada y confirmada para ayer a las nueve de la mañana, y que los miembros del equipo del Ministerio Público no sean trasladados hasta la referida isla. La orden fue derivada a la Capitanía General de Guardacostas del Callao, que la hizo cumplir y no dejó que la fiscal se embarque a la isla. La insólita prohibición fue aplicada a pesar de que la diligencia fue originalmente señalada para efectuarse el pasado 16 de abril y contaba con la anuencia de las autoridades y la presencia de la presidenta de la Junta de Fiscales del Callao, Nora Miraval. Por tal razón, la representante del Ministerio Público no descartó que exista una intencionalidad oculta que empujó al ministro de Defensa a adoptar esta repentina decisión, e insistió en exigir a Flores-Aráoz que respete la independencia de poderes y se ciña a cumplir con la labor que le fue encomendada por el Estado relacionada con asuntos de Defensa y no interfiera en la administración de justicia. Señaló que el Ejecutivo procede de la referida manera retrasando su labor, ante un caso que es supervisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual dictaminó que se proceda a investigarlo, juzgarlo y a remover todo impedimento que permita el juzgamiento y la sanción de los responsables. Ibáñez graficó su malestar sosteniendo “zapatero a tus zapatos” al recordar a Flores-Aráoz que el Ministerio Público tiene claras atribuciones que la ley determina y que deben ser respetadas por el gobierno. Indignada por lo ocurrido, la fiscal Ibáñez dijo a LA PRIMERA que en ningún momento el titular de Defensa tomó contacto con ella para darle alguna explicación sobre la prohibición. Remarcó que se trata de un caso emblemático para la justicia peruana y tiene una gran repercusión a nivel nacional e internacional, por el nivel de los involucrados. “Ya la ciudadanía sacará sus conclusiones del por qué se nos impide el cumplimiento de nuestra función; eso sí, creo que el ministro no debe meterse en cosas domésticas, sino en grandes temas referidos a la defensa del Perú; considero que habrá alguna intencionalidad en entorpecer nuestra función y eso no se condice con el estado de derecho”, manifestó. Lamentó que, a pesar de haber participado hace quince días en una delegación que representó y defendió al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos como El Frontón, su labor haya sido obstaculizada. Y todavía presentó una queja La fiscal Ibáñez dijo que extraoficialmente se enteró que el titular de Defensa, lejos de buscar una solución, presentó una queja contra ella ante el órgano de control interno del Ministerio Público, luego de decir que le importaba poco que la fiscal lo denunciara ante la prensa. Frente a ello, la fiscal, quien tuvo a su cargo la sustentación de la acusación contra Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso, así como el caso Tucano, enfatizó que no cederá a ningún tipo de presiones, teniendo en cuenta el carácter político del caso El Frontón, sobre el cual, comentó, tras seis años de investigación es lógico pensar que aquí hubo una matanza y es el momento de formular probablemente una acusación. En ese sentido, no descartó que se podría llegar a determinarse no sólo una responsabilidad material sino de otro tipo en la matanza perpetrada el 19 de junio de 1986 en la entonces isla-presidio El Frontón, donde fueron aniquilados tras rendirse 130 presos acusados de terrorismo que protagonizaban un motín. Vilma Escalante Redacción Fuente : La Primera

Campaña huele al SIN

José Antonio Vallejo calumnia por encargo a víctimas de matanza del Grupo Colina.

Campaña huele a SIN

No los dejan descansar en paz. José Antonio Vallejo Vidal, el ex profesor que denunció como terroristas a los desaparecidos de La Cantuta asesinados por el Grupo Colina, es un ex militante del Partido Comunista Peruano, expulsado por sus vínculos con organismos de inteligencia, de acuerdo a veteranos militantes de la organización. Sus compañeros del PC “Unidad” lo recuerdan como uno de los propulsores del ex rector de la Universidad San Martín de Porres, Raúl Peña Cabrera, administración cuestionada que terminó copada por el APRA. Los antiguos profesores de La Cantuta lo señalan como un tipo belicoso y agresivo, actitud que dejó muchas sombras cuando dictaba los cursos de sociología y economía en los departamentos de Pedagogía, Educación Inicial, el año 1992. Vallejo Vidal asegura que tuvo problemas con Muñoz por sus discrepancias con Sendero, pero no recuerda ninguna agresión. “… el profesor Hugo Muñoz, jefe del Departamento de Servicios Académicos, me invitó a su despacho en la facultad de Pedagogía y, con el pretexto de entregarme el formulario de actas, aprovechó para conminarme a no hacer comentarios en clase acerca del partido de su militancia”. Continuó: “Lógicamente, rechacé su amenaza amparándome en la libertad de cátedra, sin darme cuenta de que me estaba involucrando en una espiral de violencia de imprevisibles consecuencias”, afirmó hace poco en un diario local sin explicar en qué hecho se vio involucrado. Dijo además que Muñoz era el responsable político de “la secta senderista” y que recorría el campus con su “guardia de corps”, integrada por un grupo de estudiantes, entre los que se contaban algunos de los desaparecidos. Otro detalle que llama la atención es que sus comentarios sobre los cantuteños los envió, en primera instancia, vía mail, al capitán de fragata (r) Marcos Edery, hecho que no sería simple casualidad. Veteranos de la universidad opinan que es una confirmación de sus viejos lazos con la gente de inteligencia que le entrega datos al diario fujimorista. Habría que ver también por qué se retiró “muerto de miedo” de La Cantuta, cuando ya se habían producido las desapariciones al término del año académico. ¿Por qué seguía presa de pánico si los supuestos subversivos no actuaban en la universidad? ¿Por su relación con el SIN? La acusación sin pruebas de que los desaparecidos tuvieron que ver con las muertes de la funcionaria Lina Pretell y el profesor Franklin Távara (acaecida después de la desaparición) podrían costarle un proceso judicial a Vallejo Vidal, según advirtió la abogada de las víctimas, Gloria Cano. “Si es que él no presentó denuncia en su momento habrá que denunciarlo por difamación agravada; ahora cualquiera puede culpar a los muertos, porque ellos no pueden hablar”, dijo Cano. Efraín Rúa Redacción Fuente : La Primera