Protestar es un delito en el Perú

Protestar es un delito

(1) La voz de las poblaciones indígenas no son escuchadas y encima tienen prohibido reclamar por sus derechos y por la defensa de sus tierras. (2) Miguel Palacín es uno de los dirigentes que han sufrido persecución y es acusado por terrorismo. En el Perú, los dirigentes sociales que defienden los derechos populares son tratados como viles delincuentes y enjuiciados por terrorismo, cuya pena mínima es 30 años de prisión; más de lo que recibió el ex dictador Alberto Fujimori por ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Muchos de aquellos líderes que se atreven a denunciar y protestar viven constantemente con el temor de que mañana, al salir por la puerta de sus casas, serán detenidos y encerrados en una celda mientras algún agente de inteligencia policial termina por marcar el expediente de su vida. El segundo gobierno de Alan García ha contribuido a incrementar este temor, adoptando mecanismos que representan una regresión en el tratamiento estatal de los derechos y las garantías constitucionales de las personas, un retroceso en la democratización de las políticas de control social. El gobierno ha incrementado las condenas para los delitos contra la tranquilidad pública, ha penalizado la participación de autoridades regionales, municipales y de otras áreas, en las protestas sociales, lo que viola derechos civiles esenciales. Pretende además tipificar como delito de extorsión a todo reclamo contra el gobierno central. Ya casi no hay delitos aplicables a las protestas sociales a los cuales elevarles las penas. En Piura En septiembre de 2007, pobladores de la sierra piurana realizaron manifestaciones por estar en desacuerdo con que la empresa minera Río Blanco (ex Majaz) realice sus actividades en territorios de sus comunidades sin consultar a la población. Los hechos se tornaron violentos y la represión policial llegó a extremos de secuestro y torturas. A raíz de ello, 35 dirigentes sociales y pobladores afrontan hasta ahora investigaciones y juicios. A ellos se les acusa por los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, asociación ilícita para delinquir, conspiración, entre otros cargos graves. En la Quinta Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Terrorismo de Piura aún está abierta la investigación. “Ésta es una respuesta por parte del Estado contra todos los dirigentes y líderes de organizaciones sociales, asociaciones civiles sin fines de lucro, autoridades electas y abogados que han se oponen a la imposición ilegal de la actividad minera y lo hacen a través de mecanismos democráticos, como la consulta del año 2007 que con la mayoritaria participación de la ciudadanía, expresó un contundente rechazo a la actividad minera”, explicó Miguel Palacín, presidente de la Coordinador Andina de organizaciones Indígenas (CAOI), quien, a más de un año de ocurridos los hechos varias veces ha tenido que suspender compromisos y eventos para acudir a rendir sus manifestaciones en la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote). Como explica Palacín, este caso es emblemático porque se intenta responsabilizar de delitos graves como terrorismo a los principales dirigentes de todas las organizaciones sociales que defienden la vida en la región Piura, por el sólo hecho de ser opositores a una actividad económica que causa un grave impacto al medio ambiente de toda la región. “Es parte de una estrategia de amedrentamiento porque la intencionalidad, en primera instancia, es que estas personas sean objeto de investigación penal a cargo de la Dincote, para después entablar contra ellos un proceso penal con el objeto de sancionarlos. El verdadero objetivo de la denuncia es el descabezamiento de las organizaciones sociales, utilizando para ello el sistema penal. De ese modo, a través de investigaciones, se está implementando una modalidad de persecución”, indicó. Ésta es una tendencia que viene generalizándose. En Huancavelica El 6 de noviembre de 2007 el conflicto entre la Empresa Minera Pampamali S.A. y comunidades campesinas se agudizó, los pobladores se dirigieron a la zona minera con la intención de hacer valer sus derechos ante lo que ellos consideran abusos cometidos por la empresa, por haber retomado sus actividades extractivas sin haber cumplido con subsanar las observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental que hizo el Ministerio de Energía y Minas el año 2004. La preocupación por parte de la Comunidad Campesina de Seclla es por el uso y contaminación del agua de la cabecera de cuenca del único río que utilizan los pobladores para el riego y para consumo humano, aguas que alimentan sus tierras y sus vidas. Como una forma de solución a este conflicto se conformó una Mesa Tripartita de Diálogo (Empresa, Estado y Comunidades), suscribiendose un Acta de Conciliación donde la empresa se comprometió a retirar toda denuncia que hubiese efectuado respecto a los hechos que motivaron la reunión. Sin embargo, la Empresa Minera presentó ante la Fiscalía de Lircay siete denuncias contra autoridades y dirigentes. Por este caso, 18 personas son actualmente investigadas, entre ellas el alcalde del distrito de Secclla, dirigentes y lideres comunales. Todos son acusados de los delitos de usurpación agravada, disturbios, robo agravado y, no podía faltar, terrorismo. El caso es emblemático porque se pretende desmovilizar la protesta de los comuneros de Seclla por medio de procesos penales, siendo la incriminación más grave el delito de terrorismo. En este caso la empresa minera, haciendo uso de su poder económico ante las autoridades, está manipulando los procesos como una forma de intimidación a fin que las autoridades locales y dirigentes de las diversas comunidades afectadas dejen de protestar contra sus inversiones. En pocas palabras, la respuesta del Estado contra las protestas sociales es utilizar el sistema penal, el poder legal disciplinario, al servicio del poder político y, peor aún, al servicio de intereses empresariales que atropellan los derechos de la sociedad. Detenciones, práctica común también en Colombia y Chile Colombia tiene una historia de conflictos sociales permanentes. La relación entre los pueblos indígenas el Estado colombiano ha sido siempre una relación de lucha y resistencia. La práctica de detenciones individuales y masivas por parte de la Policía y el Ejército, con o sin autorización judicial, ha afectado de manera significativa a los pueblos indígenas. Las detenciones en Colombia se realizan a base de testimonios de efectivos de las fuerzas del orden o de dudosos informes de inteligencia. Según el sistema de información de la Organización Nacional Indígena de Colombia, entre 1998 y 2008, se presentaron en los diferentes pueblos indígenas de Colombia aproximadamente 77 mil 068 detenciones. En el pueblo de Kankuamo, por ejemplo, en los últimos dos años han sido detenidos cerca de 50 personas. La mayoría de los presos han recuperado su libertad por falta de pruebas que los incriminen. Esto ocurrió en agosto de 2005, cuando tras el operativo denominado Atánquez fueron detenidos 16 indígenas Kankuamos quienes fueron presentados en los medios de comunicación como terroristas del Frente 59 de las FARC. Estas detenciones se produjeron un mes después de que la guerrilla de las FARC hiciera explotar un campo minado causando la muerte de 15 uniformados del Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía. En Chile la situación es similar, la relación entre el Estado y las comunidades indígenas está marcada por el despojo de las tierras ancestrales y la pérdida de los recursos naturales existentes en esos espacios. En este país el caso emblemático es el del pueblo mapuche del sur de Chile, estas comunidades han sido seriamente afectadas con la construcción de edificios privados, con el aval del Estado, la instalación de centrales hidroeléctricas, vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas. Para lograr dicho fin el Estado ha reprimido a los indigenas y los ha acusado de delitos específicos tipificados en el código penal, tales como el incendio, la asociación ilícita y el abigeato. Dirigentes procesados en Piura - Mario Tabra Guerrero, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Ayabaca. A la fecha del presente informe, se le han instaurado 8 procesos penales en su contra y 7 investigaciones fiscales – policiales. - Magdiel Carrión Pintado, Presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca. Tiene 8 procesos penales en su contra y 10 investigaciones fiscales – policiales. - Senecio Jiménez Peña, Presidente de la Comunidad Campesina de Yanta: Se han instaurado en su contra 7 procesos penales y 6 investigaciones fiscales – policiales. - La mayoría de dirigentes tienen por lo menos cinco procesos penales abiertos y varias investigaciones policiales. Marcelo Puelles Redacción Fuente : La Primera