El hablador

Rafael Rey habla de indemnizaciones, curas extranjeros, espías en Estados Unidos, ONG, Universidades, pesca, píldoras del día siguiente, etc.; pero en Defensa, que es su encargo, le andan metiendo proveedores trafa, armas que disparan para atrás, tanques para desfiles y bajas en el Vrae, donde no tiene la menor idea de lo que se debe hacer.
Rey, como García, habla de todo, hasta de lo que no le preguntan. Pero el presidente habla porque cree que así domina a la gente (esta semana dijo que sus críticos envidiaban sus cualidades verbales), mientras el ministro lo hace por necesidad de la derecha militarista y confesionaria de hacerse escuchar, conscientes que sus otros voceros posibles: Giampietri, Cipriani. Kouri, no pueden meterse en todos los temas como lo hace él.
Rey ha sido desde Fujimori, el agente de una alianza discreta entre la reacción extrema con lazos con la jerarquía de la Iglesia, núcleos duros de las Fuerzas Armadas y grupos empresariales, con los gobiernos de turno. Y la razón por la que habla tanto, no es una mera vocación por el ridículo, sino una tarea política para crear una opinión a favor de decisiones gubernamentales represivas que son la sustancia de su propuesta.
Algunas perlas recientes pueden servir para mostrar lo que esto significa: el caso de la indemnización que la familia de Lori Berenson recibió como parte de la sentencia de la Corte Interamericana que anuló el juicio militar que la condenó a cadena perpetua como si fuera un “mando del MRTA”, no fue ningún premio porque la beneficiada no fue liberada como hubiera ocurrido en otras circunstancias, sino sometida a un nuevo juicio en prisión, y el pago fue en resarcimiento colateral por los gastos en el proceso, que corresponde a todos los casos en los que se declaró la violación de las garantías de derecho.
Pero, a pesar de ello, lo que tenemos en el Perú es un ministro denunciando al ex presidente Toledo por haber “acatado” una sentencia internacional a la que el Perú estaba obligado y lo dice cuando el Perú se encuentra en pleno trámite de una demanda ante la Corte de la Haya, sobre los límites marítimos con Chile, a la que se supone que los dos países tendrán que someterse cualquiera sea el sentido de lo resuelto. ¿Puede haber algo más estúpido, que dar a entender desde el seno del gobierno, que los fallos pueden ser dejados de lado, porque no nos gustan, o porque sirven para hacerse de una bandera política?
El caso Mac Auley es, por otro lado, el de un religioso comprometido con las poblaciones indígenas y sus demandas para la defensa del medio ambiente, frente a la actividad de las grandes empresas extranjeras que explotan los Hidrocarburos. El gobierno que ha descalificado a los indígenas como “perros de hortelano” y “manipulables”, ha decidido arbitrariamente culpar a Mac Auley por el hecho que la gente no acepta su política de concesiones e impunidad para las petroleras.
Y Rey, por supuesto, mete el pico para hablar de un supuesto derecho del gobierno de turno para echar a los extranjeros, porque le da la gana.
¿Qué extranjeros? A los que no simpatizan con el régimen o los que sin haber protagonizado un solo acto de violencia, ejercen su derecho a opinar y apoyar las causas que consideran justas.
Ya sabemos en qué clase de país quiere Rafael Rey convertir al Perú. Lo leemos todos los días en “Correo” y otros diarios.

Raul Wienner