Acoso a lideres de izquierda

Fiscalía interrogó a Renán Raffo y Olmedo Auris.

Policía carece de pruebas.

Continúa el acoso a líderes de izquierda

A Renán Raffo y Olmedo Auris les mostraron unos correos como prueba.

El ex secretario general del Partido Comunista Peruano, Renán Raffo y el vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Olmedo Auris, acusaron al gobierno de perseguirlos y de tratar de vincularlos “a como dé lugar” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con la finalidad de aislar y satanizar a la izquierda.

Raffo y Auris concurrieron esta semana por separado a sendas citaciones de la fiscal Fanny Escajadillo, titular de la Tercera Fiscalía Supraprovincial y quien persiste en investigar supuestos vínculos de conocidos hombres y mujeres de partidos de izquierda con las FARC sobre la base de supuestos correos electrónicos provenientes de la computadora del fenecido dirigente de las FARC conocido como Raúl Reyes. El dirigente comunista Raffo dijo que la fiscal le mostró una fotostática de una hoja impresa en la que aparece la transcripción de un correo electrónico dirigido a Raffo por un presunto miembro de las FARC, de apellido Holguín. “Eso no es prueba de nada. No tienen ningún elemento para acusarnos”, sostuvo Raffo. “La estrategia del gobierno es aislar a Ollanta e impedir que consolide una alianza con la izquierda, impedir la unidad del campo popular”, advirtió. A su vez, Auris fue interrogado por más de seis horas. “Todo el interrogatorio está basado en mi trayectoria como líder de izquierda, en mi vida política, sindical, en Patria Roja, en la CGTP, la Asamblea Nacional de los Pueblos y ahora quieren vincularme con las FARC, pero esta acusación carece de fundamento. Esta denuncia tiene un trasfondo político porque el gobierno aprista pretende intimidarnos para silenciarnos ante la creciente demanda social contra el actual régimen aprista”, reclamó el dirigente sindical. Auris reiteró que tras la investigación está la mano del gobierno porque “esto es parte de una estrategia de persecución política para silenciar a quienes convocamos a las fuerzas opositoras con movilizaciones populares contra la política de hambre, represión, arbitrariedad y corrupción del régimen; ese es el supuesto delito que está en juego y lo propicia el gobierno”. Fuente : La Primera