Especialistas coinciden en que Ministerio Público cuenta ya con pruebas suficientes para acusarla de enriquecimiento ilícito a hija del ex dictador Alberto Fujimori.
Fiscalía debe denunciar a Keiko
Critican lentitud de fiscalía por caso Keiko Fujimori.
La fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, decidió reabrir esta investigación el 5 de agosto de 2010, hecho que fue tomado por Keiko Fujimori como “el inicio de una campaña de desprestigio para tratar de detener y debilitar” su candidatura.
Analistas consultados por este diario aseguraron ayer que la Fiscalía de la Nación posee ya pruebas suficientes para formular una denuncia por enriquecimiento ilícito a la congresista y candidata presidencial de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, y manifestaron extrañeza de que esa instancia no haya acusado aún a la hija del ex dictador Alberto Fujimori.
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) de la parte civil en el juicio al ex gobernante, manifestó a LA PRIMERA que la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, debería realizar dicha denuncia penal por el delito de enriquecimiento ilícito en complicidad con su padre, a la luz de las pruebas recogidas en su investigación fiscal, que publicó este diario.
“Desde hace un tiempo se conoce que existen suficientes elementos de prueba como para formular una denuncia penal por la comisión de delito de enriquecimiento ilícito en el grado de complicidad. Esta investigación demuestra que se cometió de manera continuada, durante varios años, un ilícito penal cuyas evidencias están en la investigación del Ministerio Público”, indicó Rivera.
LA PRIMERA informó en su edición del martes que la Fiscalía de la Nación logró reunir pruebas que comprometen a la lideresa de Fuerza 2011. Echaíz estableció que la hija del expresidente recibió de su padre, en 1999, dos cheques de gerencia del Banco Continental por US$ 83,687.50 cada uno, y que los gastos de Educación universitaria de Keiko Fujimori y sus hermanos Hiro, Kenji y Sachie costaron US$ 453.600.
Rivera explicó que las pruebas de que la hija mayor de Fujimori recibió un posible beneficio con fondos del Estado las tiene la Fiscalía desde hace mucho tiempo. También figuran “hasta cuatro versiones contradictorias brindadas por la hoy candidata presidencial Keiko Fujimori sobre el tema, desde que las investigaciones se encontraban en la etapa judicial”, las cuales constan en el expediente y por lo que se hace factible establecer una denuncia por parte del Ministerio Público.
“Esta es una investigación que está agotada, porque ya están consignados los elementos de prueba y de juicio respecto de la responsabilidad de Keiko, es muy curioso que hasta ahora no se haya formalizado la denuncia. Además es probable que ya no se encuentren otros indicios porque todos ya están en el expediente”, precisó el letrado.
Por su parte, el ex procurador Omar Chehade hizo un llamado el presidente del Poder Judicial, César San Martín, para que la documentación referida a toda la investigación, de años anteriores, sea entregada de inmediato a la Fiscalía de la Nación de manera que la titular de esta entidad logre formular una denuncia penal con todos los elementos.
“La Fiscalía debe pedir a la Corte Suprema la documentación que se encuentra en la Sala Penal Especial y en la Sala Penal Permanente. Después debe notificar al juzgado para que esta instancia informe a la Corte Suprema y a la Corte Superior, con el fin de trasladar la notificación al Congreso, donde debería de ejecutarse el desafuero de la congresista Keiko Fujimori y el levantamiento de su inmunidad parlamentaria”, explicó Chehade.
El exprocurador expresó su extrañeza por la demora en la formulación de la denuncia. “Es extraño que el Ministerio Público haya tardado tanto en formalizar una denuncia, teniendo en cuenta que se cuenta con estos indicios desde la comisión Townsend (2001) y está cerca de los plazos perentorios. Si la Fiscalía no formaliza denuncia será difícil que las investigaciones avancen y esto puede quedar en la impunidad total”, indicó.
Rosa María Loayza
Fuente : La Primera
jueves, 13 de enero de 2011
martes, 11 de enero de 2011
RECHAZAN PRIVATIZACION
Rechazan privatización de puertos nacionales
DETALLE,-En el puerto de Salaverry, la paralización de labores por parte de los trabajadores portuarios afectó los envíos, dejando millones en pérdidas.
Fentenapu propone mayor inversión estatal para la Empresa Nacional de Puertos. Trabajadores portuarios del interior del país paralizaron ayer, en Lima hubo movilizaciones.
En el día del trabajador portuario, ayer se congregaron representantes gremiales de los diversos puertos del país manifestando su rechazo a la concesión del Muelle Norte del puerto del Callao. La protesta fue organizada por la Federación de Trabajadores de Enapu (Fentenapu).
Para el especialista en temas portuarios Manuel Dammert esta manifestación fue exitosa y permitió una concordancia entre los diversos gremios portuarios que exigen suspender y anular la privatización del Muelle Norte del Callao –ProInversión dará la concesión el próximo 31 de enero- y desarrollarla bajo la administración de Enapu en asociación con inversionistas privados.
Por su parte el presidente del Fentenapu, Leopoldo Ortiz, indicó que esta paralización nacional representa el rechazo de los trabajadores portuarios a las privatizaciones de los puertos nacionales, por considerar esta medida como un robo. Además, dijo que se debe suspender el proceso de concesión del Muelle Norte hasta que se implante el nuevo gobierno -2011 al 2016- que permita una inversión transparente.
Dammert denunció que ProInversión (institución encargada del proceso de concesión portuaria) durante muchos años ha diseñado e impuesto un nuevo modelo de concesión -al que denomina “monopolio portuario subordinado”- trabajando en conjunto con la empresa Chilena IKKONs. Esta irregular asociación se inició con la privatización del puerto de Paita.
Rechazan monopolio o duopolio
Además el especialista advierte del peligro de un monopolio y de hasta un duopolio, ya que como se recuerda la empresa DP World estaba impedida de participar en el proceso de concesión para el Terminal Norte -por un decreto supremo que emitió el Poder Ejecutivo en julio del año pasado y según el artículo 61 de la Constitución Política-, sin embargo un juez ordenó su participación al considerar como discriminatoria y que atenta contra la estabilidad jurídica la medida gubernamental.
Aprobada la participación de DP World en la concesión del Muelle Norte, esta empresa tiene muchas posibilidades de ganar.
Mala experiencia
Este rechazo ante las concesiones de los puertos estatales en el país, es resultado de las malas experiencias previas que se presentaron, por ejemplo, en el Puerto de Paita. En dicho puerto los precios que pagaban las empresas que usaban el terminal se duplicaron tras la entrega del puerto a la empresa Euroandinas.
LA PRIMERA conversó con el secretario general del puerto de Paita, Alberto Saldarriaga, quien denunció que tras la concesión del puerto de Paita, la empresa Euroandinas ha establecido el medio turno laboral.
Es decir sólo 4 horas laborales, por las cuales los trabajadores sólo reciben S/. 23.00. Antes de la privatización, los trabajadores hacían una jornada de 8 horas obteniendo una remuneración de S/. 80 diarios. En la actualidad lo que perciben no les alcanza.
Saldarriaga indicó que esto no incluye otros abusos hacia los empleadores. “Este es un trabajo de riesgo, y si en nuestras labores se rompe por casualidad las fajas, nos descuentan de nuestro sueldo. Además los alimentos que nos brindaban durante la administración de Enapu no se comparan con lo que ahora nos dan, nos descuentan por cualquier cosa”, denunció.
Rechazan concesiones y exigen desarrollo
Mientras que los trabajadores portuarios rechazan las concesiones, a su vez sostienen la importancia de modernizar sus puertos.
El secretario general del puerto de Ilo, Efren Antón Antón, admite que se sienten amenazados ante una posible concesión de su puerto, además denunció que el gobierno con el fin de debilitar la administración de dicho terminal no hace uso del arancel Aduanas que corresponde a ellos únicamente y que suma US$ 2.6 millones.
“A pesar que Enapu administra el puerto de Ilo no invierte dicho dinero para modernizar el terminal”, denuncia el dirigente.
Además Antón informó que Enapu transfiere personal del puerto del Callao hacia su zona para provocar una recarga de personal que califique mal al puerto de Ilo como (trabajar en pérdidas).
Similar es el caso del puerto de la provincia de Santa en Áncash donde a pesar de que el Ejecutivo los transfirió a cargo del gobierno regional, dicha entidad no puede administrar el puerto ya que no existe una autoridad portuaria regional (APR).
“Lamentablemente el gobierno regional no puede invertir los US$ 150 millones que tiene previsto para modernizar el puerto, ya que aún no aprueban la ley de creación de la empresa regional portuaria”, informó el presidente del frente de defensa de la provincia de Santa, Juan Chuiz Villanueva.
Para el representante del Frente Patriótico de Loreto, la amenaza de que sus terminales de Yurimaguas e Iquitos sean concesionados es inminente.
Recalca que si bien desde hace 20 años el gobierno no realiza un equipamiento, la población de Loreto se opone radicalmente a que su puerto pase a ser administrado por empresas extranjeras y exigen una modernización urgente, esto fue evidente en la encuesta que realizaron a 100 mil loretanos en las que el 98% se opuso a la privatización.
Fuente : La Primera
DETALLE,-En el puerto de Salaverry, la paralización de labores por parte de los trabajadores portuarios afectó los envíos, dejando millones en pérdidas.
Fentenapu propone mayor inversión estatal para la Empresa Nacional de Puertos. Trabajadores portuarios del interior del país paralizaron ayer, en Lima hubo movilizaciones.
En el día del trabajador portuario, ayer se congregaron representantes gremiales de los diversos puertos del país manifestando su rechazo a la concesión del Muelle Norte del puerto del Callao. La protesta fue organizada por la Federación de Trabajadores de Enapu (Fentenapu).
Para el especialista en temas portuarios Manuel Dammert esta manifestación fue exitosa y permitió una concordancia entre los diversos gremios portuarios que exigen suspender y anular la privatización del Muelle Norte del Callao –ProInversión dará la concesión el próximo 31 de enero- y desarrollarla bajo la administración de Enapu en asociación con inversionistas privados.
Por su parte el presidente del Fentenapu, Leopoldo Ortiz, indicó que esta paralización nacional representa el rechazo de los trabajadores portuarios a las privatizaciones de los puertos nacionales, por considerar esta medida como un robo. Además, dijo que se debe suspender el proceso de concesión del Muelle Norte hasta que se implante el nuevo gobierno -2011 al 2016- que permita una inversión transparente.
Dammert denunció que ProInversión (institución encargada del proceso de concesión portuaria) durante muchos años ha diseñado e impuesto un nuevo modelo de concesión -al que denomina “monopolio portuario subordinado”- trabajando en conjunto con la empresa Chilena IKKONs. Esta irregular asociación se inició con la privatización del puerto de Paita.
Rechazan monopolio o duopolio
Además el especialista advierte del peligro de un monopolio y de hasta un duopolio, ya que como se recuerda la empresa DP World estaba impedida de participar en el proceso de concesión para el Terminal Norte -por un decreto supremo que emitió el Poder Ejecutivo en julio del año pasado y según el artículo 61 de la Constitución Política-, sin embargo un juez ordenó su participación al considerar como discriminatoria y que atenta contra la estabilidad jurídica la medida gubernamental.
Aprobada la participación de DP World en la concesión del Muelle Norte, esta empresa tiene muchas posibilidades de ganar.
Mala experiencia
Este rechazo ante las concesiones de los puertos estatales en el país, es resultado de las malas experiencias previas que se presentaron, por ejemplo, en el Puerto de Paita. En dicho puerto los precios que pagaban las empresas que usaban el terminal se duplicaron tras la entrega del puerto a la empresa Euroandinas.
LA PRIMERA conversó con el secretario general del puerto de Paita, Alberto Saldarriaga, quien denunció que tras la concesión del puerto de Paita, la empresa Euroandinas ha establecido el medio turno laboral.
Es decir sólo 4 horas laborales, por las cuales los trabajadores sólo reciben S/. 23.00. Antes de la privatización, los trabajadores hacían una jornada de 8 horas obteniendo una remuneración de S/. 80 diarios. En la actualidad lo que perciben no les alcanza.
Saldarriaga indicó que esto no incluye otros abusos hacia los empleadores. “Este es un trabajo de riesgo, y si en nuestras labores se rompe por casualidad las fajas, nos descuentan de nuestro sueldo. Además los alimentos que nos brindaban durante la administración de Enapu no se comparan con lo que ahora nos dan, nos descuentan por cualquier cosa”, denunció.
Rechazan concesiones y exigen desarrollo
Mientras que los trabajadores portuarios rechazan las concesiones, a su vez sostienen la importancia de modernizar sus puertos.
El secretario general del puerto de Ilo, Efren Antón Antón, admite que se sienten amenazados ante una posible concesión de su puerto, además denunció que el gobierno con el fin de debilitar la administración de dicho terminal no hace uso del arancel Aduanas que corresponde a ellos únicamente y que suma US$ 2.6 millones.
“A pesar que Enapu administra el puerto de Ilo no invierte dicho dinero para modernizar el terminal”, denuncia el dirigente.
Además Antón informó que Enapu transfiere personal del puerto del Callao hacia su zona para provocar una recarga de personal que califique mal al puerto de Ilo como (trabajar en pérdidas).
Similar es el caso del puerto de la provincia de Santa en Áncash donde a pesar de que el Ejecutivo los transfirió a cargo del gobierno regional, dicha entidad no puede administrar el puerto ya que no existe una autoridad portuaria regional (APR).
“Lamentablemente el gobierno regional no puede invertir los US$ 150 millones que tiene previsto para modernizar el puerto, ya que aún no aprueban la ley de creación de la empresa regional portuaria”, informó el presidente del frente de defensa de la provincia de Santa, Juan Chuiz Villanueva.
Para el representante del Frente Patriótico de Loreto, la amenaza de que sus terminales de Yurimaguas e Iquitos sean concesionados es inminente.
Recalca que si bien desde hace 20 años el gobierno no realiza un equipamiento, la población de Loreto se opone radicalmente a que su puerto pase a ser administrado por empresas extranjeras y exigen una modernización urgente, esto fue evidente en la encuesta que realizaron a 100 mil loretanos en las que el 98% se opuso a la privatización.
Fuente : La Primera
jueves, 6 de enero de 2011
Continúa rechazo a ley lobbista del cine
La Asociación Nacional de Defensa del Consumidor expresó su desacuerdo con la autógrafa de la Ley Procine, promovida por fujimorista Carlos Raffo y Luciana León, pues los cineastas ni los consumidores se verán beneficiados con esa ley, que beneficia a distribuidores y exhibidores, según la referida organización.
La presidenta de la asociación, Rosa Marìa Apaza, sostuvo que “con la cuestionada Ley Procine sólo se busca beneficiar a ciertos empresarios, el hecho de establecerse el cero por ciento al impuesto correspondiente a los espectáculos cinematográficos no implica una reducción en las entradas, incluso se crea un Fondo Antipiratería que será una contribución que trasladarán al bolsillo del consumidor”.
Apaza instó al gobierno a observar la autógrafa de la ley de Masificación del Cine y de Fomento de la Producción Cinematográfica Peruana, a escuchar a los cineastas peruanos y a considerar los intereses económicos de los consumidores.
Los cineastas nacionales denunciaron que Raffo y Luciana León tramitaron la norma para beneficio de distribuidores y exhibidores y dejaron entrever que tras ello habría prebendas personales.
Fuente : La Primera
La Asociación Nacional de Defensa del Consumidor expresó su desacuerdo con la autógrafa de la Ley Procine, promovida por fujimorista Carlos Raffo y Luciana León, pues los cineastas ni los consumidores se verán beneficiados con esa ley, que beneficia a distribuidores y exhibidores, según la referida organización.
La presidenta de la asociación, Rosa Marìa Apaza, sostuvo que “con la cuestionada Ley Procine sólo se busca beneficiar a ciertos empresarios, el hecho de establecerse el cero por ciento al impuesto correspondiente a los espectáculos cinematográficos no implica una reducción en las entradas, incluso se crea un Fondo Antipiratería que será una contribución que trasladarán al bolsillo del consumidor”.
Apaza instó al gobierno a observar la autógrafa de la ley de Masificación del Cine y de Fomento de la Producción Cinematográfica Peruana, a escuchar a los cineastas peruanos y a considerar los intereses económicos de los consumidores.
Los cineastas nacionales denunciaron que Raffo y Luciana León tramitaron la norma para beneficio de distribuidores y exhibidores y dejaron entrever que tras ello habría prebendas personales.
Fuente : La Primera
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