También preparan acusaciones constitucionales contra ministros Enrique Cornejo y Luis Carranza que participaron en el doloso proceso de adjudicación.
Por Paita enjuician a Cayetana Aljovín
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Aljovín en problema por el regalo del puerto de Paita.
Espinoza dijo que en puerto de Paita sólo habrá inversiones mínimas. “Los piuranos no contarán con un nuevo muelle u otras inversiones, como puede creerse”, dijo.
DETALLE
Marisol Espinoza pidió también la formación de una comisión que investigue en el Congreso supuestas irregularidades del proceso de concesión del puerto de Paita.
Tras la apresurada firma del contrato de concesión del puerto de Paita (Piura) por 30 años, la directora de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Cayetana Aljovín, será denunciada en el transcurso de hoy ante el Ministerio Público, por el delito de colusión, acusada de favorecer desde su cargo a la empresa ganadora Terminales Portuarios Euroandinos (TPE).
Así lo anunció la legisladora nacionalista Marisol Espinoza, quien adelantó que la denuncia que presentará su bancada ante la Fiscalía Penal, se extenderá “a quienes resulten responsables” de ese acto parcializado, e igualmente acusarán constitucionalmente a los ministros que participaron en el proceso de adjudicación, como el ministro de Transportes, Enrique Cornejo y el ministro de Economía, Luis Carranza.
“Todo el proceso ha estado parcializado en favor de TPE”, señaló la parlamentaria, explicando que tanto el marco legal como el cronograma de otorgamiento de la concesión los fue ajustando Proinversión a lo largo del proceso, con la evidente finalidad de favorecer a la empresa que es en realidad un consorcio que integra Cosmos, que es a su vez una subsidiaria de la chilena Neptunia.
Espinoza recordó que hasta en tres oportunidades, la directora de Proinversión tuvo que cambiar las bases del contrato de concesión para facilitar que dicha empresa, que era la única postora, pueda participar en el proceso, tal como se comprueba en las circulares 38, 39 y 40 de la agencia promotora de la inversión privada.
De esta manera le fue posible extender el plazo para cumplir con la carta-fianza que se exigía para firmar el contrato por un monto de 100 millones de dólares, cuando lo formal debió ser descalificarla al primer incumplimiento por ser evidente una falta de solvencia.
Más grave aún es que el gobierno haya tenido que dictar normas específicas para favorecer a TPE, como por ejemplo el Decreto Supremo Nº 181-2009-EF, por el cual el propio Estado peruano constituyó un fondo de garantía para auxiliar a Terminales Portuarios Euroandinos, después que ya se le había facilitado un depósito mínimo de US$ 40 millones, que ni siquiera pudo cumplir pues su capital es de apenas US$ 10 millones.
Además, nunca existió un informe previo de la Contraloría, pues el Decreto de Urgencia 047 le impidió cumplir con su función de analizar el tema de fondo como lo exige la Ley 27885, y la redujo a controlar si la documentación presentada era la correcta y si estaba bien foliada.
Por todas estas razones, el proceso debió ser declarado nulo. “No se puede entregar la concesión del puerto de Paita, que involucra una inversión de 237 millones de dólares, a una empresa insolvente y con sospechas de corrupción”, señaló Espinoza.
