Oficialistas persisten en negarse al diálogo. Mineros dan muestras de que quieren desbloquear Panamericana. Dan tregua. Madre de Dios levantó medida de fuerza.
Apristas frustran solución a conflicto minero informal
Después de reunirse con el jefe de Estado, bancada oficialista retiró su firma del acuerdo multipartidario.
El premier Javier Velásquez sostuvo anoche que los dirigentes de los mineros informales suspendieron su medida de protesta por 48 horas en Madre de Dios y que hoy tendrá una reunión con todas las autoridades de la zona. Señaló que el Ejecutivo formará una comisión de alto nivel para solucionar el conflicto.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) expresó ayer su preocupación por la tensa situación que existe en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, Arequipa, ante el conflicto social que tiene como protagonistas a la Federación de Mineros Artesanales del Perú y las autoridades del gobierno. Aprodeh invocó a ambas partes a resolver esta situación por la vía del diálogo, en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos.
La solución al conflicto de los mineros informales que ayer cumplió su tercer día de paralización con bloqueo de carreteras y que ha dejado un saldo de seis vidas perdidas, se frustró una vez más debido a que el partido de gobierno retiró su apoyo a un acuerdo multipartidario para que el pleno del Congreso debata el dictamen del proyecto de Ley de Fortalecimiento y formalización de la Minería Informal.
Ayer, a las 5:48 de la tarde, cuando faltaban algunos minutos para el inicio de la sesión plenaria en el Congreso, la mesa directiva recibió una carta de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) en la que anunciaba que había retirado su firma del acuerdo de la junta de portavoces parlamentarios realizada en la mañana, la cual priorizaba el debate de esa ley, después de ver la denuncia en contra de Efraín Anaya, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura.
Además, una delegación de los huelguistas, encabezada por el secretario general de la Federación Nacional de Mineros Informales (Fenamarpe), Teódulo Medina, se había entrevistado en los dos últimos días con el presidente del Legislativo, Luis Alva Castro, quien les había asegurado que la discusión del dictamen de los proyectos 2105 y 2306, referidos a la ley, se realizaría en el pleno de ayer.
El presidente de la CPA, José Vargas, argumentó en su carta que los dictámenes analizados por la Comisión de energía y Minas, requieren de mayor estudio.
Con el retroceso del aprismo, sólo 52 congresistas votaron por debatir el dictamen, después de haber contado con 88 votos. Para priorizar un tema en la agenda se requiere 58 votos parlamentarios.
La congresista Susana Vilca, que firmó uno de los proyectos, dijo que resulta incongruente la actitud del oficialismo, que afirma que quiere formalizar la minería pero al final retira su firma e impide que el tema sea visto en el Congreso.
“Está pasando lo mismo que en Bagua”, señaló, al calificar de insensibles tanto al Congreso como al Ejecutivo, por considerar que no contribuyen a buscar una solución al conflicto, como si no les importaran las muertes ocurridas.
Mientras tanto, Teódulo Medina, el dirigente de los informales, dijo que, a pesar que el gobierno no da señales de diálogo, buscará una solución al conflicto, cuando se reúna con sus bases. Reconoció que la protesta se escapó del control de los dirigentes y no reconoció responsabilidad en actos de fuerza como la toma de carreteras.
Fuente : La Primera
miércoles, 7 de abril de 2010
La vacancia razonable
El Partido Nacionalista va a proponer en el Congreso la vacancia de la presidencia de la República.
El pedido se basa en el artículo 113 de la Constitución, el cual establece como una causal de tal vacancia la “permanente incapacidad moral o física (del presidente), declarada por el Congreso”.
A la luz de la razón, es indudable que el doctor Alan García no merece seguir ocupando el sillón presidencial.
Ollanta Humala y su partido aluden al hecho de que bajo García, en algunos casos por obra de la legislación que él ha impuesto, en otros por evidente orden de su despacho, diversos conflictos sociales han sido enfrentados con violencia brutal, que ha producido 70 muertos, 600 heridos y más de 1,300 dirigentes gremiales enjuiciados.
Muchos otros motivos podrían aducirse. Defensa de actos ilegales e inmorales como en el caso de la minera Majaz, o en la venta del aeropuerto civil de Collique, o en la imposición de Tratados de Libre Comercio contrarios al interés nacional, o la participación en el faenón de Rómulo León Alegría.
El problema es que, dada la actual correlación de fuerzas en el Congreso, no es probable que la vacancia sea declarada.
Puede suponerse, sin embargo, que el pedido nacionalista abrirá las puertas a un gran debate sobre la política represiva del régimen aprista y a las responsabilidades en la matanza de mineros en Chala.
Una discusión documentada e intensa puede, eventualmente, conducir a un sacudón de la conciencia cívica. En el fondo, los grandes problemas suelen encontrar soluciones, no en el marco estrecho de Palacio o del Congreso, sino en el vigor de la acción ciudadana. Ya ahora, los mineros informales han conseguido, por acción directa, que García se muestre dispuesto a modificar su Decreto de Urgencia 012 – 2010.
El planteamiento de Humala ha traído a la memoria pedidos de vacancia que se formularon contra Alejandro Toledo. Un sector de la extrema izquierda clamó, a través de uno de sus voceros, en la Derrama Magisterial, que, dada “la claudicación” de la CGTP, el pueblo debía tomar en sus manos esa demanda. También el Apra propuso vacar a Toledo. No pasó nada.
Era, por cierto, otro contexto. Ahora hay muertos en la escena.
Hay una vacancia que sí se produjo: la de Alberto Fujimori, cuando éste envió desde Asia, mediante fax, su renuncia al más alto cargo de la República. En ese momento había dos vicepresidentes, Francisco Tudela y Ricardo Márquez. El Congreso no podía aceptar la renuncia del fugitivo. Tuvo que inventar una figura: la renuncia de los dos vices, a fin de vacar a Fujimori y permitir que el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, se ciñera la banda presidencial.
El coro de fondo venía de las calles y las plazas: el rechazo masivo al fujimorismo autoritario y corrupto.
Cesar Levano
Fuente : La Primera
El Partido Nacionalista va a proponer en el Congreso la vacancia de la presidencia de la República.
El pedido se basa en el artículo 113 de la Constitución, el cual establece como una causal de tal vacancia la “permanente incapacidad moral o física (del presidente), declarada por el Congreso”.
A la luz de la razón, es indudable que el doctor Alan García no merece seguir ocupando el sillón presidencial.
Ollanta Humala y su partido aluden al hecho de que bajo García, en algunos casos por obra de la legislación que él ha impuesto, en otros por evidente orden de su despacho, diversos conflictos sociales han sido enfrentados con violencia brutal, que ha producido 70 muertos, 600 heridos y más de 1,300 dirigentes gremiales enjuiciados.
Muchos otros motivos podrían aducirse. Defensa de actos ilegales e inmorales como en el caso de la minera Majaz, o en la venta del aeropuerto civil de Collique, o en la imposición de Tratados de Libre Comercio contrarios al interés nacional, o la participación en el faenón de Rómulo León Alegría.
El problema es que, dada la actual correlación de fuerzas en el Congreso, no es probable que la vacancia sea declarada.
Puede suponerse, sin embargo, que el pedido nacionalista abrirá las puertas a un gran debate sobre la política represiva del régimen aprista y a las responsabilidades en la matanza de mineros en Chala.
Una discusión documentada e intensa puede, eventualmente, conducir a un sacudón de la conciencia cívica. En el fondo, los grandes problemas suelen encontrar soluciones, no en el marco estrecho de Palacio o del Congreso, sino en el vigor de la acción ciudadana. Ya ahora, los mineros informales han conseguido, por acción directa, que García se muestre dispuesto a modificar su Decreto de Urgencia 012 – 2010.
El planteamiento de Humala ha traído a la memoria pedidos de vacancia que se formularon contra Alejandro Toledo. Un sector de la extrema izquierda clamó, a través de uno de sus voceros, en la Derrama Magisterial, que, dada “la claudicación” de la CGTP, el pueblo debía tomar en sus manos esa demanda. También el Apra propuso vacar a Toledo. No pasó nada.
Era, por cierto, otro contexto. Ahora hay muertos en la escena.
Hay una vacancia que sí se produjo: la de Alberto Fujimori, cuando éste envió desde Asia, mediante fax, su renuncia al más alto cargo de la República. En ese momento había dos vicepresidentes, Francisco Tudela y Ricardo Márquez. El Congreso no podía aceptar la renuncia del fugitivo. Tuvo que inventar una figura: la renuncia de los dos vices, a fin de vacar a Fujimori y permitir que el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, se ciñera la banda presidencial.
El coro de fondo venía de las calles y las plazas: el rechazo masivo al fujimorismo autoritario y corrupto.
Cesar Levano
Fuente : La Primera
martes, 6 de abril de 2010
García justifica sangrienta represión
El presidente García no dijo una sola palabra sobre los muertos. Su silencio lo condena.
El legislador nacionalista Daniel Abugattás denunció que el gobierno tiene una política de asesinatos como forma de frenar las protestas en vez buscar el diálogo con los sectores discrepantes.
¿Y la gran minería?
Carlos Reyna dijo que la actitud de García contra de la minería artesanal obedece a la presión venida desde los Estados Unidos sobre la protección ambiental contenida en el Tratado de Libre Comercio suscrito con ese país y que el gobierno peruano busca aplicar a la minera artesanal o informal que está desvalida y no a las grandes empresas mineras que al igual que éstas también contaminan, con la única diferencia que cuentan con respaldo económico y de algunos medios de comunicación.
Las palabras y los silencios de ayer del presidente García, en torno a la protesta de los mineros informales que ha dejado seis muertos y decenas de heridos fueron calificadas como una forma de intentar justificar la muerte de los mineros.
“Es una minería salvaje en el sentido social porque explota a los trabajadores; ahí no hay salario fijo, no hay seguridad social, pago de jubilación para el futuro, allí simplemente se toma al ser humano a veces de 12, 14 ó 15 años para hacerlo lavar las aguas de los ríos envenenándose él mismo con el mercurio que utiliza”, sostuvo García
Dijo que la contaminación hace que los ríos de Madre de Dios se vean de color mercurio como producto de los químicos que “desordenadamente lanzan los que están buscando el oro en las aguas de los ríos o de las riberas, en la restingas de los ríos”.
“Esto es terrible y eso es una minería salvaje porque es absolutamente informal y no paga impuestos y entonces establece formas de trabajo que son propias del esclavismo, son propias de la antigüedad, el trabajador no recibe salario”, señaló el presidente, sin mencionar siquiera a los muertos que causó la operación policial.
“No estamos en contra de los trabajadores y de la gente pobre, ellos se pueden asociar y el Estado puede ayudarlos”, puntualizó.
El legislador nacionalista Pedro Santos que estuvo en la zona de protesta dijo a LA PRIMERA que “una vez más queda al descubierto la indolencia del presidente Alan García, a quien no le interesa la vida de los peruanos”.
“Su actitud (de García) demuestra que a él no le pesan las muertes, lo mismo pasó en Bagua, de igual manera pasó aunque sin muertos en el moqueguazo, y también pasó lo mismo en Piura, donde hasta el momento siguen ocurriendo muertes”, sostuvo.
Ante las palabras del presidente García, el analista Carlos Reyna dijo que la motivación principal de García no es superar el abuso laboral ya que, dijo, el abuso laboral se da en el propio sector estatal.
Reyna criticó la forma desmesurada y con poca preparación con que las fuerzas del orden enfrentaron la toma de carreteras. Consideró que antes de la intervención de la Policía se debió agotar las negociaciones y el gobierno, al no hacerlo, ha demostrado poca capacidad para hacer frente al paro minero.
Opinó que a diferencia de lo sucedido en Bagua, en Chala no se ha producido ni una sola muerte en las filas policiales, siendo todos civiles, razón por la cual el analista manifestó que quedó demostrada la poca preparación policial.
Agregó que la actitud del Ejecutivo contra la minería informal obedece a la presión venida desde Estados Unidos sobre la protección ambiental contenida en el Tratado de Libre Comercio suscrito con ese país y que el gobierno peruano busca aplicar a la minera artesanal o informal que está desvalida y no a las grandes empresas mineras que también contaminan, con la única diferencia que cuentan con respaldo económico y de algunos medios de comunicación.
Sobre la afirmación del jefe de Estado, de que gobierna para preservar la naturaleza a futuro, indicó que, si bien es cierto es necesario velar por el medio ambiente, no se hace nada, por ejemplo, por evitar la contaminación producida por la actividad pesquera cercana a la capital.
Por su parte, el líder nacionalista Ollanta Humala señaló que no es posible que ahora tenemos la muerte de seis peruanos más, “producto de esta irresponsable política de Alan García de prolongar los conflictos para luego resolverlos a balazos”.
REACCIONES
No le interesa la muerte
LEGISLADOR PEDRO SANTOS
“Una vez más queda al descubierto la indolencia del presidente Alan García, a quien no le interesa la vida de los peruanos. Su soberbia lo lleva a hacer cosas como dar la espalda a los ciudadanos y no reconocer que son hermanos peruanos quienes se han enfrentado y muerto en medio de una situación que él mismo ha provocado. Su actitud demuestra que a él no le pesan las muertes, lo mismo pasó en Bagua, de igual manera pasó aunque sin muertos en el moqueguazo”.
Le parece bien las muertes
TEÓDULO MEDINA, PRESIDENTE DE FENAMARPE
“Al no reconocer que hubo excesos de parte de la Policía, el presidente Alan García justificó las muertes de nuestros compañeros mineros. Incluso nos ha tildado de salvajes, eso lo dice porque no tiene mayores argumentos para rebatir nuestras demandas. Repite y repite un discurso insultante. Pero qué podemos esperar de un presidente que califica a los nativos como ciudadanos de segunda categoría, seguro que pensará que nosotros los mineros somos de tercera categoría, y es totalmente inaceptable”.
Como en El Frontón
HERIBERTO BENÍTEZ. EX PARLAMENTARIO
“Estos luctuosos episodios me traen a la mente acontecimientos del primer gobierno de Alan García. Está retomando su actitud que tuvo por ejemplo durante la matanza de El Frontón. El país se desangra, pero a García no le importa nada. Cuando el pueblo le da la contra, García calla. Es su obligación responder con el diálogo. El silencio por las muertes es una forma de justificar las muertes”.
Balas y represión
FRANCISCO SOBERÓN (APRODEH)
“Es lamentable que para el presidente Alan García la única respuesta que exista sean las balas y la represión, una cosa es callar cuando se tiene la razón y otra muy diferente callar y guardar silencio cuando sabe que se ha equivocado. Esta represión ha sido contra mineros artesanales y no informales. Una cosa es disuadir y otra muy diferente es matar peruanos. Este episodio funesto ya se conoce en el extranjero. Debe responder por estas muertes y dejar que las balas sean su lenguaje”.
Calla sobre muertos
YONHY LESCANO. PARLAMENTARIO
“Otra vez podemos ver el resultado de las normas inconsultas de Alan García. Él lanza la política represiva y luego desconoce los reclamos que se producen con sus decretos legislativos, decretos de urgencia, etc. Todo el mundo está viendo una vez más que cuando las papas queman el presidente García se queda callado. No condena las muertes y por el contrario responde con más ataques verbales, es un irresponsable”.
Fuente : La Primera
El presidente García no dijo una sola palabra sobre los muertos. Su silencio lo condena.
El legislador nacionalista Daniel Abugattás denunció que el gobierno tiene una política de asesinatos como forma de frenar las protestas en vez buscar el diálogo con los sectores discrepantes.
¿Y la gran minería?
Carlos Reyna dijo que la actitud de García contra de la minería artesanal obedece a la presión venida desde los Estados Unidos sobre la protección ambiental contenida en el Tratado de Libre Comercio suscrito con ese país y que el gobierno peruano busca aplicar a la minera artesanal o informal que está desvalida y no a las grandes empresas mineras que al igual que éstas también contaminan, con la única diferencia que cuentan con respaldo económico y de algunos medios de comunicación.
Las palabras y los silencios de ayer del presidente García, en torno a la protesta de los mineros informales que ha dejado seis muertos y decenas de heridos fueron calificadas como una forma de intentar justificar la muerte de los mineros.
“Es una minería salvaje en el sentido social porque explota a los trabajadores; ahí no hay salario fijo, no hay seguridad social, pago de jubilación para el futuro, allí simplemente se toma al ser humano a veces de 12, 14 ó 15 años para hacerlo lavar las aguas de los ríos envenenándose él mismo con el mercurio que utiliza”, sostuvo García
Dijo que la contaminación hace que los ríos de Madre de Dios se vean de color mercurio como producto de los químicos que “desordenadamente lanzan los que están buscando el oro en las aguas de los ríos o de las riberas, en la restingas de los ríos”.
“Esto es terrible y eso es una minería salvaje porque es absolutamente informal y no paga impuestos y entonces establece formas de trabajo que son propias del esclavismo, son propias de la antigüedad, el trabajador no recibe salario”, señaló el presidente, sin mencionar siquiera a los muertos que causó la operación policial.
“No estamos en contra de los trabajadores y de la gente pobre, ellos se pueden asociar y el Estado puede ayudarlos”, puntualizó.
El legislador nacionalista Pedro Santos que estuvo en la zona de protesta dijo a LA PRIMERA que “una vez más queda al descubierto la indolencia del presidente Alan García, a quien no le interesa la vida de los peruanos”.
“Su actitud (de García) demuestra que a él no le pesan las muertes, lo mismo pasó en Bagua, de igual manera pasó aunque sin muertos en el moqueguazo, y también pasó lo mismo en Piura, donde hasta el momento siguen ocurriendo muertes”, sostuvo.
Ante las palabras del presidente García, el analista Carlos Reyna dijo que la motivación principal de García no es superar el abuso laboral ya que, dijo, el abuso laboral se da en el propio sector estatal.
Reyna criticó la forma desmesurada y con poca preparación con que las fuerzas del orden enfrentaron la toma de carreteras. Consideró que antes de la intervención de la Policía se debió agotar las negociaciones y el gobierno, al no hacerlo, ha demostrado poca capacidad para hacer frente al paro minero.
Opinó que a diferencia de lo sucedido en Bagua, en Chala no se ha producido ni una sola muerte en las filas policiales, siendo todos civiles, razón por la cual el analista manifestó que quedó demostrada la poca preparación policial.
Agregó que la actitud del Ejecutivo contra la minería informal obedece a la presión venida desde Estados Unidos sobre la protección ambiental contenida en el Tratado de Libre Comercio suscrito con ese país y que el gobierno peruano busca aplicar a la minera artesanal o informal que está desvalida y no a las grandes empresas mineras que también contaminan, con la única diferencia que cuentan con respaldo económico y de algunos medios de comunicación.
Sobre la afirmación del jefe de Estado, de que gobierna para preservar la naturaleza a futuro, indicó que, si bien es cierto es necesario velar por el medio ambiente, no se hace nada, por ejemplo, por evitar la contaminación producida por la actividad pesquera cercana a la capital.
Por su parte, el líder nacionalista Ollanta Humala señaló que no es posible que ahora tenemos la muerte de seis peruanos más, “producto de esta irresponsable política de Alan García de prolongar los conflictos para luego resolverlos a balazos”.
REACCIONES
No le interesa la muerte
LEGISLADOR PEDRO SANTOS
“Una vez más queda al descubierto la indolencia del presidente Alan García, a quien no le interesa la vida de los peruanos. Su soberbia lo lleva a hacer cosas como dar la espalda a los ciudadanos y no reconocer que son hermanos peruanos quienes se han enfrentado y muerto en medio de una situación que él mismo ha provocado. Su actitud demuestra que a él no le pesan las muertes, lo mismo pasó en Bagua, de igual manera pasó aunque sin muertos en el moqueguazo”.
Le parece bien las muertes
TEÓDULO MEDINA, PRESIDENTE DE FENAMARPE
“Al no reconocer que hubo excesos de parte de la Policía, el presidente Alan García justificó las muertes de nuestros compañeros mineros. Incluso nos ha tildado de salvajes, eso lo dice porque no tiene mayores argumentos para rebatir nuestras demandas. Repite y repite un discurso insultante. Pero qué podemos esperar de un presidente que califica a los nativos como ciudadanos de segunda categoría, seguro que pensará que nosotros los mineros somos de tercera categoría, y es totalmente inaceptable”.
Como en El Frontón
HERIBERTO BENÍTEZ. EX PARLAMENTARIO
“Estos luctuosos episodios me traen a la mente acontecimientos del primer gobierno de Alan García. Está retomando su actitud que tuvo por ejemplo durante la matanza de El Frontón. El país se desangra, pero a García no le importa nada. Cuando el pueblo le da la contra, García calla. Es su obligación responder con el diálogo. El silencio por las muertes es una forma de justificar las muertes”.
Balas y represión
FRANCISCO SOBERÓN (APRODEH)
“Es lamentable que para el presidente Alan García la única respuesta que exista sean las balas y la represión, una cosa es callar cuando se tiene la razón y otra muy diferente callar y guardar silencio cuando sabe que se ha equivocado. Esta represión ha sido contra mineros artesanales y no informales. Una cosa es disuadir y otra muy diferente es matar peruanos. Este episodio funesto ya se conoce en el extranjero. Debe responder por estas muertes y dejar que las balas sean su lenguaje”.
Calla sobre muertos
YONHY LESCANO. PARLAMENTARIO
“Otra vez podemos ver el resultado de las normas inconsultas de Alan García. Él lanza la política represiva y luego desconoce los reclamos que se producen con sus decretos legislativos, decretos de urgencia, etc. Todo el mundo está viendo una vez más que cuando las papas queman el presidente García se queda callado. No condena las muertes y por el contrario responde con más ataques verbales, es un irresponsable”.
Fuente : La Primera
miércoles, 31 de marzo de 2010
Decencia, montesinismo y fujimorismo
Si usted, amigo lector, no puede distinguir el voto de Rafael Yamashiro (PPC) del voto de Carlos Raffo (Fujimorista), ambos exculpando en la comisión de los petroaudios a Jorge del Castillo y su banda de ministros de Canaán, debe ser porque algo falla en la línea de la decencia de Lourdes Flores. Esa ensalada de encubrimiento entre socialcristianos, Fujimoristas y apristas, concretada después de varios meses desde el momento en que “casi” se censura al gabinete del tío George, es un modelo de lo que ha pasado en los últimos años.
Desde la elección del 2006, se oficializó el criterio de que uno puede creerse muy decente, pero puede acompañar a otro muy corrupto (al que incluso se investigó y denunció en el pasado), si es que al frente hay algún enemigo ideológico más peligroso que un corrupto. Y fue Lourdes la que encarnó esta línea política que, después de LA PRIMERA vuelta, puso a su partido y sus votos detrás de Alan García, en alianza con el Fujimorismo. Ahí el tema de la corrupción fue encarpetado a sabiendas, como se hizo en la comisión de petroaudios, por miedo a lo que podría sobrevenir.
Y el asunto es más antiguo. Cuando otro que llegó al poder como enemigo de los corruptos, tuvo en sus manos descabezar la mafia de la televisión, lo que suponía dar una batalla en serio contra la crisis moral del país que había levantado a los cuatro suyos, se hizo en el pantalón y evadió su responsabilidad, enredándose en oscuros juegos con otros “no tan corruptos”, como Ivcher, Genaro, Chicho y los de “El Comercio”.
La anticorrupción relativa de Toledo y Lourdes tiene algunos signos distintivos: (a) asegurar que no hay un problema constitucional en el Perú, que es algo así como sentirse cómodos con la camisa de fuerza que dejó la dictadura; (b) no cuestionar en absoluto los contratos de la época de Fujimori (ninguno ha sido revisado), manteniendo las prebendas que se otorgaron a las grandes empresas, que precisamente se sostienen en la Constitución del 93 (contratos son contratos); (c) coexistir con el engaño de personajes que estuvieron con el dictador y luego se pasaron a la democracia, y en las dos posiciones se llenaron de plata; (d) asegurar que “nunca robaron nada”, “ni fueron a la salita”, “ni tienen su petroaudio”, lo que se convierte en un alegato de conducta personal, que salta los problemas políticos.
La reciente declaración de Lourdes Flores haciendo distingos entre el repudiable montesinismo (Kouri) y el aún rescatable Fujimorismo (Keiko), ha hecho pensar a muchos si no será que la línea de la decencia es demasiado flexible y adaptada a las circunstancias electorales, y si en otro momento la doña se habría abrazado con el ex alcalde chalaco, como lo hizo no hace mucho.
Y razón no le falta a los que desconfían de quienes como en la máquina del tiempo nos quieren decir que aquí el problema es el del rebrote de una enfermedad erradicada, cuando todos somos testigos de cómo se ha conciliado con la corrupción política y se camina de lo más bien con la corrupción empresarial, que es la madre de todas las corrupciones.
Raul Wienner
Analista
Fuente : La Primera
Si usted, amigo lector, no puede distinguir el voto de Rafael Yamashiro (PPC) del voto de Carlos Raffo (Fujimorista), ambos exculpando en la comisión de los petroaudios a Jorge del Castillo y su banda de ministros de Canaán, debe ser porque algo falla en la línea de la decencia de Lourdes Flores. Esa ensalada de encubrimiento entre socialcristianos, Fujimoristas y apristas, concretada después de varios meses desde el momento en que “casi” se censura al gabinete del tío George, es un modelo de lo que ha pasado en los últimos años.
Desde la elección del 2006, se oficializó el criterio de que uno puede creerse muy decente, pero puede acompañar a otro muy corrupto (al que incluso se investigó y denunció en el pasado), si es que al frente hay algún enemigo ideológico más peligroso que un corrupto. Y fue Lourdes la que encarnó esta línea política que, después de LA PRIMERA vuelta, puso a su partido y sus votos detrás de Alan García, en alianza con el Fujimorismo. Ahí el tema de la corrupción fue encarpetado a sabiendas, como se hizo en la comisión de petroaudios, por miedo a lo que podría sobrevenir.
Y el asunto es más antiguo. Cuando otro que llegó al poder como enemigo de los corruptos, tuvo en sus manos descabezar la mafia de la televisión, lo que suponía dar una batalla en serio contra la crisis moral del país que había levantado a los cuatro suyos, se hizo en el pantalón y evadió su responsabilidad, enredándose en oscuros juegos con otros “no tan corruptos”, como Ivcher, Genaro, Chicho y los de “El Comercio”.
La anticorrupción relativa de Toledo y Lourdes tiene algunos signos distintivos: (a) asegurar que no hay un problema constitucional en el Perú, que es algo así como sentirse cómodos con la camisa de fuerza que dejó la dictadura; (b) no cuestionar en absoluto los contratos de la época de Fujimori (ninguno ha sido revisado), manteniendo las prebendas que se otorgaron a las grandes empresas, que precisamente se sostienen en la Constitución del 93 (contratos son contratos); (c) coexistir con el engaño de personajes que estuvieron con el dictador y luego se pasaron a la democracia, y en las dos posiciones se llenaron de plata; (d) asegurar que “nunca robaron nada”, “ni fueron a la salita”, “ni tienen su petroaudio”, lo que se convierte en un alegato de conducta personal, que salta los problemas políticos.
La reciente declaración de Lourdes Flores haciendo distingos entre el repudiable montesinismo (Kouri) y el aún rescatable Fujimorismo (Keiko), ha hecho pensar a muchos si no será que la línea de la decencia es demasiado flexible y adaptada a las circunstancias electorales, y si en otro momento la doña se habría abrazado con el ex alcalde chalaco, como lo hizo no hace mucho.
Y razón no le falta a los que desconfían de quienes como en la máquina del tiempo nos quieren decir que aquí el problema es el del rebrote de una enfermedad erradicada, cuando todos somos testigos de cómo se ha conciliado con la corrupción política y se camina de lo más bien con la corrupción empresarial, que es la madre de todas las corrupciones.
Raul Wienner
Analista
Fuente : La Primera
domingo, 28 de marzo de 2010
USB robados de caso BTR involucraban a ministro Rey
A pesar de las connotaciones políticas, Rey jamás habló de su relación con Rómulo León.
Estos documentos forman parte del expediente del caso BTR. El primero muestra el índice de lo que contenían los USB originales de Gianotti -que fueron sustraídos-, donde aparecen archivos de Rey, y el segundo detalla la lista de lo que hay en los USB que dejaron en reemplazo de los primeros. Ya no aparece Rey.
De lo incautado a Giselle Gianotti en enero de 2009, se robaron los dos USB que contenían 25 archivos de Rey y que en su lugar dejaron dos USB con información diferente, en los que ya no aparecen los archivos del ministro. Existe otro USB que no ha sido robado y que también contiene otros 7 archivos de Rey.
En medio del escándalo que ha generado el robo de los dos USB originales incautados a Giselle Gianotti, ayer LA PRIMERA tuvo acceso en exclusiva a documentos que forman parte del expediente judicial del caso Business Track y comprobó que esos dispositivos contenían al menos 25 archivos con el apellido Rey.
Fuentes judiciales dijeron que se trata del actual ministro de Defensa, Rafael Rey Rey, y para demostrarlo nos proporcionaron uno de los correos electrónicos, hasta hoy desconocidos, que contienen conversaciones entre el ministro de Defensa y el hoy detenido ex ministro aprista Rómulo León, cuyo contenido publicamos íntegramente en esta edición.
En ese e-mail, fechado el 5 de noviembre de 2007, Rey, en su calidad de ministro de la Producción, le dice a León que ha insistido ante el ministerio de Economía para que suba de 0 a 9% los aranceles de las importaciones de las redes pesqueras, lo cual había sido solicitado por León en anteriores correos.
El pedido de León era para favorecer a los fabricantes peruanos de redes pesqueras, ya que el material producido en el exterior ingresaba al Perú con precios sumamente bajos, dejando a los fabricantes peruanos sin posibilidad de competir.
Lo cierto es que el ministro Rey en ningún momento había señalado, al menos públicamente, que tuvo conversaciones con Rómulo León.
El cambiazo
De lo incautado a Giselle Gianotti, ex gerente de la empresa Business Track que “chuponeaba” a políticos y empresarios, se robaron los dos USB que contenían los archivos de Rey, y en su lugar dejaron dos USB con información totalmente diferente, donde ya no aparecen los correos y audios de Rey.
Este cambio ha sido confirmado por el experto en sistemas informáticos Rubén Busta Arroyo, quien sostiene en un informe cuya copia tiene este diario, que los dispositivos incautados a Gianotti el 12 de enero de 2009 no son los mismos que están en el juzgado de la magistrada María Martínez, a cargo del caso Business Track.
Afortunadamente, ese mismo día, la policía hizo una indexación, vale decir un índice o relación de archivos que estaban guardados en los USB’s. Esa es la prueba de que había archivos de Rey guardados en los dispositivos que se robaron. El correo de Rey que nos fue proporcionado fue impreso en una de las diligencias de la Fiscalía antes de la sustracción de los USB.
Estos documentos se encuentran a fojas 1174 y 1210 del anexo ‘C’ del voluminoso expediente bajo el título Acta de Obtención de Imagen de USB, elaborados el 12 de enero de 2009. El mismo lleva las firmas del comandante de la policía Raúl del Castillo, el mayor PNP Luis López y la fiscal adjunta Vanessa Araníbar.
En dicho expediente también está la relación de los archivos de los USB que alguien colocó en reemplazo de los originales (fojas 5975 a 5985 del tomo 12) y que han sido identificados como MGG96 y MGG95, en los que no aparecen los archivos de Rey.
Estas razones hacen considerar la posibilidad de que el robo se produjo para favorecer a Rey, ocultando ante las autoridades judiciales sus comunicaciones no sólo con Rómulo León, sino también con otros personajes, y que podrían revelar situaciones comprometedoras.
Raúl Sánchez
Redacción
A pesar de las connotaciones políticas, Rey jamás habló de su relación con Rómulo León.
Estos documentos forman parte del expediente del caso BTR. El primero muestra el índice de lo que contenían los USB originales de Gianotti -que fueron sustraídos-, donde aparecen archivos de Rey, y el segundo detalla la lista de lo que hay en los USB que dejaron en reemplazo de los primeros. Ya no aparece Rey.
De lo incautado a Giselle Gianotti en enero de 2009, se robaron los dos USB que contenían 25 archivos de Rey y que en su lugar dejaron dos USB con información diferente, en los que ya no aparecen los archivos del ministro. Existe otro USB que no ha sido robado y que también contiene otros 7 archivos de Rey.
En medio del escándalo que ha generado el robo de los dos USB originales incautados a Giselle Gianotti, ayer LA PRIMERA tuvo acceso en exclusiva a documentos que forman parte del expediente judicial del caso Business Track y comprobó que esos dispositivos contenían al menos 25 archivos con el apellido Rey.
Fuentes judiciales dijeron que se trata del actual ministro de Defensa, Rafael Rey Rey, y para demostrarlo nos proporcionaron uno de los correos electrónicos, hasta hoy desconocidos, que contienen conversaciones entre el ministro de Defensa y el hoy detenido ex ministro aprista Rómulo León, cuyo contenido publicamos íntegramente en esta edición.
En ese e-mail, fechado el 5 de noviembre de 2007, Rey, en su calidad de ministro de la Producción, le dice a León que ha insistido ante el ministerio de Economía para que suba de 0 a 9% los aranceles de las importaciones de las redes pesqueras, lo cual había sido solicitado por León en anteriores correos.
El pedido de León era para favorecer a los fabricantes peruanos de redes pesqueras, ya que el material producido en el exterior ingresaba al Perú con precios sumamente bajos, dejando a los fabricantes peruanos sin posibilidad de competir.
Lo cierto es que el ministro Rey en ningún momento había señalado, al menos públicamente, que tuvo conversaciones con Rómulo León.
El cambiazo
De lo incautado a Giselle Gianotti, ex gerente de la empresa Business Track que “chuponeaba” a políticos y empresarios, se robaron los dos USB que contenían los archivos de Rey, y en su lugar dejaron dos USB con información totalmente diferente, donde ya no aparecen los correos y audios de Rey.
Este cambio ha sido confirmado por el experto en sistemas informáticos Rubén Busta Arroyo, quien sostiene en un informe cuya copia tiene este diario, que los dispositivos incautados a Gianotti el 12 de enero de 2009 no son los mismos que están en el juzgado de la magistrada María Martínez, a cargo del caso Business Track.
Afortunadamente, ese mismo día, la policía hizo una indexación, vale decir un índice o relación de archivos que estaban guardados en los USB’s. Esa es la prueba de que había archivos de Rey guardados en los dispositivos que se robaron. El correo de Rey que nos fue proporcionado fue impreso en una de las diligencias de la Fiscalía antes de la sustracción de los USB.
Estos documentos se encuentran a fojas 1174 y 1210 del anexo ‘C’ del voluminoso expediente bajo el título Acta de Obtención de Imagen de USB, elaborados el 12 de enero de 2009. El mismo lleva las firmas del comandante de la policía Raúl del Castillo, el mayor PNP Luis López y la fiscal adjunta Vanessa Araníbar.
En dicho expediente también está la relación de los archivos de los USB que alguien colocó en reemplazo de los originales (fojas 5975 a 5985 del tomo 12) y que han sido identificados como MGG96 y MGG95, en los que no aparecen los archivos de Rey.
Estas razones hacen considerar la posibilidad de que el robo se produjo para favorecer a Rey, ocultando ante las autoridades judiciales sus comunicaciones no sólo con Rómulo León, sino también con otros personajes, y que podrían revelar situaciones comprometedoras.
Raúl Sánchez
Redacción
Policías: Razones de una huelga
(1) La protesta del 5 de febrero y el anuncio de la huelga obligaron al gobierno a formar una comisión para el tema salarial.
(2) La cárcel no ha silenciado a Ortega, quien insiste en llamar a la huelga.
El escándalo protagonizado por el director de la PNP, Miguel Hidalgo, ha relegado a un segundo plano el grave problema, aún pendiente, del malestar existente en la policía, del que habla desde la prisión el dirigente policial Richard Ortega, enjuiciado y encarcelado por promover las protestas de los uniformados y una huelga para el 5 de abril.
Desde hace varios años el rumor de una huelga policial ronda las comisarías del país. A más de un efectivo le sobran ganas de protestar por los bajos sueldos que perciben, la pésima atención que reciben en el Hospital Central de la Policía, la situación de abandono en la que trabajan la mayoría de ellos, etc. Pero estos amagos no han llegado a concretarse.
Sin embargo, actualmente existe una convocatoria de huelga que ha obligado al gobierno a instalar una comisión de alto nivel que tiene como principal misión elaborar en menos de 180 días un proyecto para reestructurar los salarios de los miembros de las fuerzas del orden.
“Junto al personal civil hemos ratificado la gran jornada del 5 de abril, que marcará un hito histórico, porque todas las organizaciones estamos más que nunca unidas por una causa común. Decidimos alzar nuestra voz para que nuestros hijos tengan la oportunidad de educarse, para que todos los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales tengamos atención humana en los hospitales, para contar con un techo donde vivir humanamente, para tener condiciones laborales de acuerdo a los convenios internacionales”, manifestó Ortega, más conocido por sus colegas policías como “Rumimaki” y quien fue detenido el mes pasado por demandar la entrega de un bono extraordinario para todo el personal militar y policial sin excepción, incluidas las viudas y los pensionistas.
Ortega remarcó que el 5 de abril los policías en actividad no asistirán a sus puestos de trabajo. “Nuestros colegas se quedarán en sus hogares en compañía de sus familias para reflexionar sobre la crisis económica, social y cultural que nos agobia. Les recuerdo a mis colegas en actividad que faltar un día al trabajo no es un delito ni una falta grave. Nuestros colegas en situación de retiro, los discapacitados y viudas desarrollarán formas de lucha en las comisarías y cuarteles a lo largo y ancho de nuestra patria, y a partir de las 10 de la mañana en las principales ciudades del país realizarán marchas pacíficas”, dijo.
Asimismo, el suboficial PNP Edward casas, quien también está detenido por participar en un plantón el mes pasado frente al ministerio de Economía, indicó que ha sido informado que en Lima existe consenso entre los efectivos para ausentarse de sus puestos el 5 de abril. Añadió que esta jornada de lucha reafirmará las bases para que el sindicato policial sea legalizado.
Para el general (r) Daniel Mora, si bien las demandas de las fuerzas del orden son justas, es un error pretender el derecho a sindicalización pues, argumentó, la Constitución establece que se trata de fuerzas no deliberantes, es decir, que no pueden protestar ni hacer proselitismo. “Las FF.AA. y policiales no pueden tomar partido. La sindicalización sería un grave retroceso para el país”, sentenció.
Roberto Chiabra, señaló que “el gobierno no puede tapar el sol con un dedo”, pues existe gran descontento ..... “La confianza está perdida”, sentenció.
El comandante EP (r) Jorge Rivas, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de las Fuerzas Armadas (Conafap); Óscar Pedraza, secretario de la Federación Nacional de Policías (Fenapol), y Gladys Tintaya, vocera de viudas de la Policía, tras escuchar el mensaje de Ortega y casas, confirmaron la participación de sus agremiaciones en la jornada del 5 de abril.
La ley del embudo
La congresista Juana Huancahuari está segura de que al gobierno aprista le tiembla la mano para pasar a retiro a oficiales que con su conducta dañan la imagen de sus instituciones, pero cuando son subalternos quienes reclaman por sus derechos, pretende hacer caer sobre ellos todo el peso de una ley abusiva y poco clara.
Mientras que a los oficiales no les pasa nada, al suboficial Richard Ortega, quien está preso, se le suspende de sus labores sin justificación para abrirle proceso disciplinario en un claro abuso de poder y un acto de insensibilidad, sostuvo la parlamentaria tras las primeras medidas represivas contra los policías rebeldes.
“La ley 29356 del régimen disciplinario de la policía contiene artículos que vulneran los derechos fundamentales de los policías conferidos por la Constitución y los tratados internacionales”, agregó la legisladora, sobre la prohibición de la sindicalización de los policías.Basado en este exceso jurídico, indicó, el gobierno pretende sancionar a los policías Edward casas, Ortega y Hallasi, por demandar mejoras salariales y haber convocado a una huelga para el 5 de abril.
Precisó que, de acuerdo a un estudio elaborado por la Coordinadora de derechos humanos, la tabla de infracciones sanciona con el pase a situación de retiro al personal que “afecte de manera trascendental la disciplina (…)”. ¿Cómo se afecta de manera trascendental la disciplina?, es algo tan confuso que permite cometer abusos en su interpretación, agregó.
Asimismo, se sanciona con el pase a retiro a quienes organicen, dirijan, promuevan o participen en huelgas, paros o marchas, a pesar de que los policías, como trabajadores, cuentan con el amparo constitucional al derecho a la huelga, aseveró.
(1) La protesta del 5 de febrero y el anuncio de la huelga obligaron al gobierno a formar una comisión para el tema salarial.
(2) La cárcel no ha silenciado a Ortega, quien insiste en llamar a la huelga.
El escándalo protagonizado por el director de la PNP, Miguel Hidalgo, ha relegado a un segundo plano el grave problema, aún pendiente, del malestar existente en la policía, del que habla desde la prisión el dirigente policial Richard Ortega, enjuiciado y encarcelado por promover las protestas de los uniformados y una huelga para el 5 de abril.
Desde hace varios años el rumor de una huelga policial ronda las comisarías del país. A más de un efectivo le sobran ganas de protestar por los bajos sueldos que perciben, la pésima atención que reciben en el Hospital Central de la Policía, la situación de abandono en la que trabajan la mayoría de ellos, etc. Pero estos amagos no han llegado a concretarse.
Sin embargo, actualmente existe una convocatoria de huelga que ha obligado al gobierno a instalar una comisión de alto nivel que tiene como principal misión elaborar en menos de 180 días un proyecto para reestructurar los salarios de los miembros de las fuerzas del orden.
“Junto al personal civil hemos ratificado la gran jornada del 5 de abril, que marcará un hito histórico, porque todas las organizaciones estamos más que nunca unidas por una causa común. Decidimos alzar nuestra voz para que nuestros hijos tengan la oportunidad de educarse, para que todos los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales tengamos atención humana en los hospitales, para contar con un techo donde vivir humanamente, para tener condiciones laborales de acuerdo a los convenios internacionales”, manifestó Ortega, más conocido por sus colegas policías como “Rumimaki” y quien fue detenido el mes pasado por demandar la entrega de un bono extraordinario para todo el personal militar y policial sin excepción, incluidas las viudas y los pensionistas.
Ortega remarcó que el 5 de abril los policías en actividad no asistirán a sus puestos de trabajo. “Nuestros colegas se quedarán en sus hogares en compañía de sus familias para reflexionar sobre la crisis económica, social y cultural que nos agobia. Les recuerdo a mis colegas en actividad que faltar un día al trabajo no es un delito ni una falta grave. Nuestros colegas en situación de retiro, los discapacitados y viudas desarrollarán formas de lucha en las comisarías y cuarteles a lo largo y ancho de nuestra patria, y a partir de las 10 de la mañana en las principales ciudades del país realizarán marchas pacíficas”, dijo.
Asimismo, el suboficial PNP Edward casas, quien también está detenido por participar en un plantón el mes pasado frente al ministerio de Economía, indicó que ha sido informado que en Lima existe consenso entre los efectivos para ausentarse de sus puestos el 5 de abril. Añadió que esta jornada de lucha reafirmará las bases para que el sindicato policial sea legalizado.
Para el general (r) Daniel Mora, si bien las demandas de las fuerzas del orden son justas, es un error pretender el derecho a sindicalización pues, argumentó, la Constitución establece que se trata de fuerzas no deliberantes, es decir, que no pueden protestar ni hacer proselitismo. “Las FF.AA. y policiales no pueden tomar partido. La sindicalización sería un grave retroceso para el país”, sentenció.
Roberto Chiabra, señaló que “el gobierno no puede tapar el sol con un dedo”, pues existe gran descontento ..... “La confianza está perdida”, sentenció.
El comandante EP (r) Jorge Rivas, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de las Fuerzas Armadas (Conafap); Óscar Pedraza, secretario de la Federación Nacional de Policías (Fenapol), y Gladys Tintaya, vocera de viudas de la Policía, tras escuchar el mensaje de Ortega y casas, confirmaron la participación de sus agremiaciones en la jornada del 5 de abril.
La ley del embudo
La congresista Juana Huancahuari está segura de que al gobierno aprista le tiembla la mano para pasar a retiro a oficiales que con su conducta dañan la imagen de sus instituciones, pero cuando son subalternos quienes reclaman por sus derechos, pretende hacer caer sobre ellos todo el peso de una ley abusiva y poco clara.
Mientras que a los oficiales no les pasa nada, al suboficial Richard Ortega, quien está preso, se le suspende de sus labores sin justificación para abrirle proceso disciplinario en un claro abuso de poder y un acto de insensibilidad, sostuvo la parlamentaria tras las primeras medidas represivas contra los policías rebeldes.
“La ley 29356 del régimen disciplinario de la policía contiene artículos que vulneran los derechos fundamentales de los policías conferidos por la Constitución y los tratados internacionales”, agregó la legisladora, sobre la prohibición de la sindicalización de los policías.Basado en este exceso jurídico, indicó, el gobierno pretende sancionar a los policías Edward casas, Ortega y Hallasi, por demandar mejoras salariales y haber convocado a una huelga para el 5 de abril.
Precisó que, de acuerdo a un estudio elaborado por la Coordinadora de derechos humanos, la tabla de infracciones sanciona con el pase a situación de retiro al personal que “afecte de manera trascendental la disciplina (…)”. ¿Cómo se afecta de manera trascendental la disciplina?, es algo tan confuso que permite cometer abusos en su interpretación, agregó.
Asimismo, se sanciona con el pase a retiro a quienes organicen, dirijan, promuevan o participen en huelgas, paros o marchas, a pesar de que los policías, como trabajadores, cuentan con el amparo constitucional al derecho a la huelga, aseveró.
martes, 16 de marzo de 2010
Crece tala ilegal en Amazonía
El 70 por ciento de la tala de bosques en la selva peruana es ilegal y el problema tiende a incrementarse si las autoridades no toman acciones para frenar la deforestación, sostuvo el presidente del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), Luis Campos Baca.
Dijo que el 30 por ciento de los bosques en el departamento de San Martín se encuentran “gravemente deforestados” y en Loreto gran parte de sus maderas más preciadas (cedro, caoba y otros) han sido expoliadas, mientras un ocho por ciento de sus bosques fueron devastados.
Campos Baca, empero, se mostró a favor de la participación de las comunidades nativas en la explotación maderera para evitar la tala ilegal, y consideró que el uso y explotación de los recursos naturales garantizaría el desarrollo de los pueblos amazónicos.
Sin embargo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) sostiene que los indígenas han sido marginados por mucho tiempo y discriminados en sus derechos, incluso respecto a la propiedad de sus tierras ancestrales.
El 70 por ciento de la tala de bosques en la selva peruana es ilegal y el problema tiende a incrementarse si las autoridades no toman acciones para frenar la deforestación, sostuvo el presidente del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), Luis Campos Baca.
Dijo que el 30 por ciento de los bosques en el departamento de San Martín se encuentran “gravemente deforestados” y en Loreto gran parte de sus maderas más preciadas (cedro, caoba y otros) han sido expoliadas, mientras un ocho por ciento de sus bosques fueron devastados.
Campos Baca, empero, se mostró a favor de la participación de las comunidades nativas en la explotación maderera para evitar la tala ilegal, y consideró que el uso y explotación de los recursos naturales garantizaría el desarrollo de los pueblos amazónicos.
Sin embargo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) sostiene que los indígenas han sido marginados por mucho tiempo y discriminados en sus derechos, incluso respecto a la propiedad de sus tierras ancestrales.
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