Topy Top siniestro

Ni siquiera el Primero de Mayo descansó la mano cruel de Topy Top. Ese día despidió a 35 trabajadores (30 sindicalizados y cinco no afiliados al sindicato).
Esta acción inhumana exhibe la irresponsabilidad de una empresa cuyos métodos resumen el ánimo y el comportamiento de un empresariado que ha prosperado mediante la explotación inmisericorde, las jornadas de 12 horas y la ausencia de derechos laborales, incluido el de la libre sindicalización.
Topy Top es la empresa que en 2007, cuando se fundó allí el sindicato obrero, despidió a todos los sindicalizados. Esto suscitó una protesta del sindicalismo internacional, que logró una reposición luego burlada.
El abuso del 1 de mayo se ha producido horas antes de que Alan García, presidente de la República y del Apra, pronunciara un discurso en que afirmó: “Mi pedido es permanente y exigente: siempre debemos fomentar la sindicalización, que es instrumento de defensa de los trabajadores”.
“Hay que contar –agregó García– con sindicatos sólidos que colaboren con la redistribución de la riqueza”.
Palabras, palabras, palabras. Porque Topy Top, un consorcio que explota a 7,500 trabajadores, es reincidente pertinaz en despedir obreros, sobre todo si son sindicalizados, y más aún si son dirigentes sindicales.
Los 35 trabajadores recién lanzados a la calle son padres o madres de familia, algunos tienen seis años de contratos sucesivos, por lo cual resulta ridículo el argumento de que se les despide por “mala actitud”.
Mala actitud es la de los ejecutivos de Topy Top, que han rebajado a la tercera parte el valor de las horas extras o desnaturalizado los contratos de trabajo e implantado el salario mínimo como tope de ingresos.
Entre los “crímenes” del sindicato de Topy Top figura el haber presentado al Ministerio de Trabajo documentos que prueban que los despedidos tenían derecho a la estabilidad laboral.
¿Y el Ministerio de Trabajo? También dice fomentar los sindicatos. Hasta ha creado una oficina para la promoción sindical. Pero Topy Top sigue haciendo lo que le viene en gana.
En sólo este año, el Ministerio ha aplicado a Topy Top dos multas, cada una de 72 mil soles. Una por prácticas antisindicales, otra por obstrucción de la labor inspectiva sobre los contratos desnaturalizados y por no dar prueba de éstos a la autoridad de Trabajo.
El Ministerio ha citado cuatro veces a los representantes de la empresa, pero ellos no se han presentado. Tampoco pagan las multas.
Los abusos de esta empresa son intolerables, no sólo por el daño que causan a los despedidos, sino también porque atemorizan a los obreros de ese centro, y a la clase obrera en general.
Urge por eso la solidaridad, en especial de las ramas textil y de confecciones, y la apelación al internacionalismo sindical, como en 2007.
Cesar Levano
Fuente : La Primera

Edward Casas participó el viernes en plantón policial y ayer fue relevado de su puesto en la comisaría de Zárate. Mando policial concreta represalia contra oficial Pese a que fue puesto a disposición de su comando, Casas reitera que participará en paro policial. Raúl Soto, presidente del Frente de Defensa de Suboficiales PNP en retiro, dijo que el 15 de febrero efectivos realizarán un plantón frente a la sede de Inspectoría General de la Policía en respaldo al suboficial Casas. El suboficial superior Edward Casas fue relevado ayer de su cargo y puesto a disposición de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, por participar en la protesta que realizaron policías y militares en retiro el viernes último frente a la sede del Ministerio de Economía en demanda de mejores salarios y pensiones. Casas, en conversación con LA PRIMERA, dijo que la medida fue comunicada oficialmente por la Sétima Región de la Policía, pero denunció que al filo de la medianoche del sábado, por órdenes del alto mando un mayor de apellido Rojas y el comandante Kliber Zegarra, intentaron conducirlo a la fuerza a la Dirección Territorial Policial Lima, a cargo del general Héctor Rivera, cuando se encontraba de servicio en su puesto en la comisaría de Zárate. “Ellos me dijeron que allá querían conversar conmigo. Como no es el procedimiento que prevé el reglamento para estos casos me negué a ser conducido a la fuerza. Me atrincheré en la comisaría hasta las tres de la madrugada aproximadamente cuando me retiré acompañado por varios medios de prensa hasta mi casa para evitar que me detengan”, contó Casas a este diario. Al respecto, el presidente Alan García aseguró que no le preocupa que el próximo 5 de abril se realice una huelga de efectivos y militares en retiro y en actividad. El mandatario remarcó que los integrantes de las fuerzas del orden en actividad que formen parte de la protesta serán sancionados de acuerdo a lo que establece la Constitución, pues -acotó-no son deliberantes y están sometidas a la autoridad. “Si quieren marchar que se inscriban en el sindicato de Construcción Civil. Si es médico, profesor, desempleado marche usted libremente, pero eso si la República le entrega armas no es para que se la ponga en la sien a la República, eso sí no se puede permitir. Páguenme o disparo mi arma, eso sí no se puede permitir de manera que hay que cumplir la ley y la ley establece que esa deliberancia forma parte del desorden y tiene que ser sancionada”, enfatizó el mandatario y se mostró confiado en que la población respaldará su propuesta de elevar los sueldos de los policías bajo el criterio de la meritocracia. Luego García agregó que “los jubilados son jubilados, pero una persona en actividad eso sí no se puede pasar por alto, porque entonces desaparece la democracia. Serán sancionados”. Sobre estas declaraciones del presidente Alan García, el suboficial Edward Casas añadió que “la Carta Magna permite la legítima defensa, lo que estamos haciendo es la legítima defensa de nuestros derechos humanos, económicos y sociales que los tenemos todos, por más que ellos lo nieguen y es el gobierno el que debería velar por estos derechos fundamentales”. Casas reiteró que el próximo 5 de abril los policías en actividad participarán del paro policial que consistirá -detalló- en que ningún efectivo concurrirá a las dependencias donde laboran.

MINISTRO DE JUSTICIA ACUSADO

La prisionera y el ministro

“¿No sé si usted ha dejado de hablar con absolutamente nadie por más de un año? Eso es lo que hicieron conmigo, no hablar, no comunicarte con nadie, no reír, no llorar, no tener un abrazo amigo, una mirada de compañía sincera; la soledad extrema puede hacerte creer que ya no tienes vida…”, me escribe Lucero Cumpa sobre sus primeros cinco años en prisión, bajo el régimen carcelario que impuso Fujimori y del que había tenido antes noticia por el relato de un oficial naval que tuvo a cargo la vigilancia y el mudo contacto con Abimael Guzmán durante su encierro en la isla de San Lorenzo. “Los siguientes años recibía mi visita familiar por locutorio (con una gruesa luna de intermedio y con micrófono) y por 30 minutos que pasaban rapidísimo, una vez al mes… Luego de cinco largos años me trasladan al penal de Yanamayo, a 4,200 m.s.n.m., seguía encerrada 23 horas y media… Tengo a mi segundo hijo en el 2001 justo cuando se recupera la democracia, me realizan un nuevo proceso judicial y puedo empezar a soñar en la posibilidad de una vida familiar en libertad… reinicio mis estudios universitarios a distancia, actualmente voy en el sexto ciclo de contabilidad… pero todo cambia a partir del 14 de octubre de 2009, cuando promulgan la ley de derogatoria de beneficios penitenciarios para los sentenciados por el delito de terrorismo, con lo cual se me quita los sueños de compartir con mis hijos su niñez y/o juventud, y el temor de que mi padre ya anciano no pueda esperarme (mi madre falleció estando yo en la cárcel y fue el peor momento de mi vida)”. La carta es bastante más larga. Pero lo que cito es suficiente.

Uno comprende que está ante una mujer que no se ha dejado quebrar por la dureza de un castigo que ya lleva 19 años, dedicados a salvar su dignidad humana y a conservar la esperanza de recuperar la libertad.

¿Tenía derecho? Claro que sí.

Cualquiera que sea la opinión que tengamos de la acción del MRTA y de Sendero Luminoso, nadie puede admitir como legítimo el procedimiento de convertir la cárcel en un entierro en vida del enemigo.

Así como no se puede aceptar la variación de las condiciones de reclusión para los que ya están cumpliendo su pena.

Las movidas de un presidio a otro y la brutalidad de negar el derecho al trabajo, que ahora han recrudecido, son reacciones abusivas del poder, que se ha hecho dueño de la existencia de los vencidos exactamente como en situaciones de guerra o de captura de rehenes, donde impera la arbitrariedad. Pero entonces uno se detiene a escuchar lo que el ministro de Justicia ha dicho hace unos días ante la CIDH en la OEA, para justificar la nueva escalada contra los presos: (a) que los subversivos habían tomado el penal Castro Castro; (b) que les decomisaron armas, celulares y chips; (c) que los beneficios son liberalidades que el Estado otorga y puede quitar, y no componen la pena; (d) que en resumen se trata de un régimen carcelario adecuado que respeta los derechos humanos.

Y uno se pregunta: ¿hasta dónde se puede mentir sin que alguien salga a denunciar a este farsante que en su tierra es acusado de haber participado en el asesinato de dos miembros de su partido?