martes, 23 de noviembre de 2010
alan quiere mas peruanos muertos
Islay en lucha frontal contra proyecto minero Tía María
DETALLE: Ricardo Quispe dijo que se respete la consulta popular del pasado 22 de setiembre de 2009 donde se determinó que el 94% de los pobladores del valle del Tambo no estaba de acuerdo con el desarrollo de la minería en esa zona agrícola.
Al cierre de esta edición, casi 18 heridos y nueve detenidos era el saldo de los enfrentamientos entre los pobladores del Frente de Defensa del Valle del Tambo (FDVT) y los efectivos de la Policía en la provincia arequipeña de Islay, donde los ciudadanos se oponen al inicio de las operaciones del proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú.
Según el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú de la provincia de Islay, Ricardo Quispe, el conflicto se produjo en la localidad de Cocachacra, cuando los pobladores se dirigían a tomar, como en otras ocasiones, un tramo de la carretera Panamericana Sur. Quispe explicó que esta manifestación tenía como fin la toma de una de las vías de la carretera Panamerica Sur; sin embargo, esta situación se salió de control cuando los aproximadamente los cinco mil policías, traídos de Lima, Moquegua, Puno y Cusco, iniciaron la represalia, no sólo contra la gente que marchaba pacíficamente con pancartas y banderolas en repudio a la actividad minera. Los policías reprimieron también a pobladores del distrito de Cocachacra, afectando con los gases lacrimógenos a niños, mujeres y ancianos.
Este extraño accionar, según el representante de la CGTP, motivó la reacción de los más de mil manifestantes (entre ellos agricultores y pobladores de la zona), quienes avanzaron a tomar la carretera iniciando una enfrentamiento frontal contra la Policía.
“Tal es la cantidad de policías que han llevado a Islay que han tomado por asalto al mismo pueblo de Cocachacra, llegando hasta la plazuela y han empezado a disparar a diestra y siniestra bombas lacrimógenas afectando a los pobladores que no participaban de la movilización (…) dejando 18 heridos y nueve detenidos oficialmente”, dijo.
Según informaron algunos medios locales, otro grupo de manifestantes, en el centro de Cocachacra, saqueó la sede de la Asociación Civil Pro Cobre, perteneciente a la empresa minera Southern Perú, que se dedica a la capacitación de obreros que trabajarían en el mencionado proyecto minero.
Los heridos fueron trasladados al Centro Médico de Cocachacra y entre ellos figuran el camarógrafo de Canal N y su asistente, dos policías: Joni Cama Caraza de 27 años y Jesús Peralta Linares (26), así como los pobladores que resultaron con contusiones Zenón Apaza Mayta (80), José Turpo Linares (30), Nancy Mansilla de Bernedo (67) y Lucia Ticona Umiña (44), entre otros. En la Panamericana Sur, a la altura del Km 1049, en la localidad de Chucarapi, unas 800 personas intentaron pasar el cerco policial que se formó con un grupo de efectivos; sin embargo fueron impedidos, iniciándose en medio de esta protesta un enfrentamiento inevitable con las fuerzas del orden.
Fuente : La Primera
miércoles, 15 de julio de 2009
COMPLOT APRISTA
Zapata aclara las cosas.
La presidenta encargada de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, dijo ayer a LA PRIMERA que el gobierno utiliza como brazo político al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) para cumplir con su objetivo de descabezar Aidesep. Indicó que los ex dirigentes de Aidesep, a los que consideró renegados, Sundi Simon y Teest Wichua, ingresan constantemente a la sede de Indepa, adscrita al Ministerio de la Mujer, donde supuestamente coordinan con funcionarios de filiación aprista promoviendo una Asamblea General con el fin de elegir a una nueva junta directiva de Aidesep.
La dirigenta nativa aclaró que sólo los verdaderos dirigentes de las ocho regiones indígenas pueden convocar una asamblea para elegir nuevos representantes, tal como lo estipula el estatuto. Simon ha convocado a una reunión para hoy (miércoles), aunque sin el respaldo de los apus regionales.
Marco Cáceres
Fuente :La Primera
viernes, 17 de abril de 2009
Paro Amazonico
Diversas comunidades de la región amazónica desarrollan un contundente paro indefinido convocado por AIDESEP, que se inició el 9 de abril, exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos que los despojan de sus tierras, aguas y bosques para entregarlos a las trasnacionales, exigen también el cese de la persecución judicial a sus dirigentes. La CGTP les brinda su total respaldo y demanda al Ejecutivo una política patriótica en defensa de la Amazonía, el reconocimiento de los derechos legítimos de las comunidades amazónicas y el respeto a los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, que obliga al gobierno a consultarles cuando se dicte una norma que los afecte directamente y respetar su voluntad soberana. Sin embargo, el presidente García, persiste en enfrentarse al pueblo en defensa de los privilegios del poder trasnacional. A esto se suma, el silencio e indiferencia de la mayoría de medios de comunicación nacionales ante esta justa protesta, lo que demuestra el alineamiento mediático a los intereses de los grupos de poder económico, como ocurrió durante el nefasto régimen del reo Fujimori. Cabe mencionar, que fue la protesta de las comunidades amazónicas la que obligó al Parlamento a derogar algunos decretos legislativos (1015 y 1073), impuestos por el Ejecutivo con la finalidad de entregar las tierras selváticas a las corporaciones empresariales. El incumplimiento del Congreso de revisar otras normas “creadas por García y sus aliados” (como los decretos legislativos: 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090) ha sido una de las justificaciones para que la Amazonía se vuelva a rebelar. La lucha será prolongada y contundente que la anterior, lo que ha motivado que diversas petroleras anuncien el cierre de sus operaciones y el gobierno ordene el traslado de cientos de efectivos policiales a la zona para tratar de controlar la protesta. La lucha de los pueblos amazónicos, es la lucha de todos los peruanos y peruanas que nos oponemos al remate del patrimonio nacional. Por ello, demandamos a la ciudadanía su activa solidaridad y respaldo a nuestros hermanos y hermanas. Nuestra central asumirá las medidas pertinentes en caso el gobierno, como hasta ahora, mantenga su política de oídos sordos y represión. Esta protesta puede derivar en situaciones mayores, si García persiste en gobernar de espaldas al pueblo. Las 1350 comunidades que se encuentran en huelga, no están dispuestas a ceder en sus exigencias. Es su derecho. Nosotros las respaldamos.
Mario Juaman